La UE frente a la crisis

Ricardo Molero Simarro Colaborador Honorífico del Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo) de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo de Redacción de Economia Crítica y Crítica de la Economía.

Publicado en Diagonal el 11 de enero de 2012. Enlace disponible aquí

El 9 de diciembre los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la zona euro adoptaron su enésimo acuerdo para intentar salvar la moneda única. Una vez más, confiaron dicha salvación al equilibrio de las cuentas públicas. La obligación de limitar por vía constitucional el déficit, que en verano nuestro Parlamento aprobó sin consulta democrática alguna, fue adoptada como norma común. Esta limitación se ha convertido en una de la claves para asegurar la imposición de las medidas de ajuste estructural a lo largo y lo ancho del continente. La UE no ha hecho sino arrogarse el papel desempeñado por el FMI en África, América Latina y Asia en los ‘80 y ‘90, con lo que las consecuencias del ajuste comienzan a ser las mismas: una perpetuación de la recesión económica y una cada vez más profunda dislocación social.

En realidad, el proceso de integración europeo ha sido desde su inicio una trampa, tanto para las economías periféricas de la UE como para el conjunto de las clases trabajadoras de ésta. Por un lado, la implantación del mercado común generó una dinámica de competencia interna que ha derivado en una desigual división del trabajo entre las distintas economías de la Unión, un profundo desequilibrio comercial entre ellas y una generalizada presión a la baja sobre los salarios. Antes de la llegada de la crisis, los síntomas de que dicha dinámica estaba muy lejos de cumplir con la prometida “convergencia europea”, como el incremento de los déficits comerciales de los países periféricos, fueron pasados por alto. Una vez llegada aquélla sus estados se han tenido que enfrentar a esa realidad sin poder devaluar la moneda para reducirlos y aminorar así la deuda generada, la cual es mayoritariamente privada –al menos en el caso de la economía española–. En los mercados financieros se ha dado por hecho que el endeudamiento privado acabará siendo cargado al Estado y por esa razón han subido los tipos de interés a los que compran los títulos de la deuda pública.

Por otro lado, la adopción de la moneda única tuvo como precondición la independencia del BCE respecto de cualquier poder democrático y la subordinación de su acción al control de la inflación. Esto ha impedido ahora frenar el círculo vicioso de subida de los tipos e incremento de la deuda, ya que, frente al empeoramiento de la tan manida prima de riesgo, la prohibición de que el BCE preste a los estados ha imposibilitado a éstos recurrir a aquél para financiarse. De modo que, escudándose en la presión de los mercados, los gobiernos han tenido una respuesta única frente a la crisis creada: sucesivos anuncios de medidas de austeridad que han llevado los recortes del gasto público a un grado que parecía imposible alcanzar. En una economía como la española, en la que la deuda pública se encuentra en niveles comparativamente muy bajos –61% del PIB frente al 145% de Grecia o al 83% de Alemania–, el problema original del endeudamiento de bancos, empresas y familias ha derivado en una amplia pérdida de servicios públicos y derechos sociales.

En esta situación, se ha generado un debate entre distintos economistas críticos europeos y norteamericanos sobre la conveniencia o no de abandonar el euro para lograr una salida progresista a la crisis. En realidad, tanto si se apuesta por ese abandono como si se hace por un intento de reforma de la UE, parece inevitable tener también que pensar en esquemas alternativos de integración, ya que, incluso en el primer caso, los países que dejasen la moneda única se verían probablemente abocados a algún tipo de acuerdo entre ellos. Con el objetivo de cortar la sangría que está suponiendo la crisis de la deuda, se haría indispensable recuperar el control democrático sobre el o los bancos centrales y hacer posible la financiación directa a los Estados por parte de ellos. Sin embargo, para evitar una regeneración de los desequilibrios internos que originaron esta situación, sería almismo tiempo necesario desarrollar otro esquema de relaciones comerciales y financieras.

En este sentido, el Plan Keynes, la propuesta del economista inglés de mismo nombre para la reconstrucción de la arquitectura internacional de postguerra, alternativa a la que finalmente se adoptó en torno al patrón orodólar y al FMI y el BM, podría suponer una inspiración. Dicho Plan pretendía crear un sistema monetario, comercial y financiero internacional que facilitase unas relaciones equilibradas entre economías. Para ello proponía: uno, la instauración de una moneda internacional que evitase los privilegios de que una moneda nacional se convirtiese en la de uso internacional mayoritario; dos, la creación de una cámara internacional de pagos en la que anotar las exportaciones e importaciones de los países, cuyos montantes totales serían compensados, unos con otros, cada cierto período; y, por último, y lo que es más importante, el establecimiento de mecanismos correctores para que cualquier país cuya balanza comercial se alejase del equilibrio –no sólo los deficitarios, sino también los superavitarios–, se viese obligado a volver a él. Para lograrlo pensaba en gravar con una tarifa el mantenimiento de saldos comerciales tanto por debajo como por encima de una cuota máxima que se le asignaría a cada país. Esto implicaba corresponsabilizar a las economías superavitarias en la corrección de las balanzas negativas de las deficitarias, una concepción opuesta a la implícita en las medidas de ajuste estructural exigidas por el FMI y la UE.

Tanto si este esquema se aplicase a una reforma de la UE, como si se hiciese a un acuerdo entre varios países fuera del euro, esas medidas se podrían complementar con la obligación a las economías superavitarias de utilizar sus saldos excesivos para la financiación de inversiones productivas –de carácter público o estatal– en las deficitarias. Así se proyecta hacer en el único proceso de integración en el que, por ahora, se han intentado aplicar estos principios: la creación en 2009 del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) por parte de los países de la ALBA. Aunque sería necesario articular adecuadamente la propuesta, utilizar un mecanismo similar podría tener varios efectos positivos: primero, convertiría la lógica de la competencia comercial en la de la complementariedad productiva; segundo, permitiría equilibrar las relaciones comerciales y financieras entre economías, transformar la estructura productiva de las periféricas y lograr una convergencia económica real. Finalmente, además de que tendría que acompañarse de diversas conquistas laborales y, en último término, de una toma de control democrático sobre el proceso productivo, ayudaría a eludir el ajuste como lógica de salida de la crisis.