Razones para oponerse (otra vez) a los recortes

Nacho Álvarez profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid

Jorge Uxó profesor del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha

Publicado en El País el 9 de abril de 2016. Enlace disponible aquí

Como si no hubiéramos aprendido nada, el incumplimiento del déficit de 2015 ha vuelto a provocar las afirmaciones de rigor: el nuevo Gobierno “tendrá que hacer recortes adicionales” en 2016 y deben tomarse ya “medidas drásticas y urgentes” para cumplir con la senda prevista de reducción del déficit.

Sin embargo, estas afirmaciones no parecen tener en cuenta que la mayoría de indicadores y previsiones señalan que la economía se está desacelerando, cuando ni siquiera hemos recuperado el nivel de renta de 2008 y la tasa de paro es del 21%; o que la corrección de los efectos de las políticas económicas aplicadas desde 2010 requieren del nuevo Gobierno una intensa agenda social y un programa de inversiones públicas. Esta es la verdadera prioridad.

Con esta perspectiva alternativa, hay al menos cinco razones para oponerse a los recortes, y seguir defendiendo un cambio en la política presupuestaria que nos permita salir definitivamente de la lógica de la austeridad.

En primer lugar, los datos de déficit de 2015 contribuyen a desmontar el mito de que la recuperación se debe a los efectos “beneficiosos” de las políticas de austeridad. Precisamente ha sido lo contrario –el abandono transitorio de la austeridad extrema– lo que ha ayudado al crecimiento, unido a los “vientos de cola” que han llegado del exterior (BCE, precio del petróleo, depreciación del euro).

Además, el gasto público del conjunto de las Administraciones permanecerá casi congelado en 2016: solo se prevé un aumento de 1.200 millones (un 0,3%), cuando en 2015 creció en 3.700 millones. Esto implica una reducción de su peso en el PIB, a pesar de que en España esta ratio es 5 puntos porcentuales inferior a la media de la zona euro. Pero es que, además, el propio crecimiento del PIB (y por tanto de los ingresos), hacen que el déficit público se reduzca. Con esta cifra de gasto, si se confirmase el crecimiento previsto por el Banco de España, el déficit se situaría en 2016 en torno al 4%, una reducción de más de un punto. No se entiende, pues, la supuesta urgencia de los recortes, más allá de empeñarse en el fetichismo de unos objetivos nada realistas y sin ningún fundamento económico.

En tercer lugar, nuevos recortes tendrían un coste económico y social muy elevado. Si algún representante político quisiera mantener, contra toda lógica, el objetivo de déficit del 2,8% fijado para 2016, el coste en términos de crecimiento y empleo sería inasumible por la sociedad. Asumir el objetivo de déficit que plantea Bruselas exigiría recortar el gasto público en 20.000 millones de euros, lo que reduciría el crecimiento hasta el 1% aproximadamente, precisamente en un contexto internacional de ralentización e incertidumbre. Una desaceleración de esta magnitud tendría un fuerte impacto sobre la creación de empleo y agravaría la situación de las personas más afectadas por la crisis. Generalizando, podemos calcular que por cada medio punto adicional de recorte del déficit que pretenda lograrse con más recortes del gasto, la tasa de crecimiento se reduciría en 0,7 puntos porcentuales.

Debe tenerse en cuenta además, por otro lado, que los recortes dejan huella. Estos recortes lloverían sobre mojado, y agravarían el deterioro que ya se ha producido en los años pasados en la financiación de los servicios públicos fundamentales, profundizando la desigualdad en nuestro país. Especialmente si, como se insinúa, el Gobierno mantiene el foco puesto en las comunidades autónomas, que son las que prestan la mayor parte de los servicios de educación, sanidad y protección social. Exigirles un objetivo de déficit imposible de cumplir sin aumentar la financiación de estos servicios es atacar directamente el futuro del Estado del bienestar.

Por último, es sabido que el problema estructural que presenta la financiación de las Administraciones Públicas radica en sus limitados ingresos. Es urgente una reforma fiscal progresiva. Tanto en relación con el PIB como en proporción al número de habitantes, el gasto público es más reducido en España que en la zona euro. Los problemas de déficit público provienen, por tanto, de una insuficiente capacidad recaudatoria del Estado, agravada además por las medidas adoptadas por el Partido Popular, como las rebajas fiscales electoralistas y una reforma laboral con graves consecuencias para los ingresos de la Seguridad Social.

Contrariamente a lo manifestado por el ministro de Hacienda en funciones o por los responsables económicos del PSOE y Ciudadanos, las cifras de déficit de 2015 no pueden utilizarse como excusa para limitar el alcance de la agenda social, o para descartar las inversiones públicas que debe impulsar un verdadero Gobierno de cambio. Al contrario, lo que se requiere es una nueva política presupuestaria que, además de acordar una nueva senda –más lenta– de reducción del déficit, modifique la estrategia del actual Programa de Estabilidad. En vez de mantener constante la ratio ingresos/PIB y reducir el peso del gasto en el PIB, proponemos lo contrario: mediante una reforma fiscal progresiva y una decidida lucha contra el fraude, incrementar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales, para asegurar el mantenimiento de la ratio gasto/PIB en su nivel actual. En suma, asegurar la reversión de los recortes y la financiación adecuada de los servicios públicos fundamentales.