Eliminar la brecha de género para garantizar las pensiones

Nacho Álvarez (Departamento de Estructura Económica e ICEI Universidad Autónoma de Madrid)

Jorge Uxó (Departamento de Análisis Económico y Finanzas Universidad de Castilla-La Mancha)

Artículo publicado en infolibre el 15 de marzo de 2018

La movilización feminista del 8 de marzo y las manifestaciones en defensa de unas pensiones públicas dignas tienen mucho en común. Para empezar, ambas reflejan los límites de un modelo de desarrollo que, incluso cuando presenta tasas de crecimiento elevadas, no atiende a las necesidades de la mayoría: ¿para qué sirve crecer al 3% si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de sectores importantes de la población, que incluso ven cómo se deteriora su capacidad adquisitiva?

Pero hay otra conexión muy relevante sobre la que queremos llamar la atención: garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres también significa garantizar las pensiones futuras. Más aún, cerrar la brecha de género es imprescindible para lograr el crecimiento en el empleo y los salarios que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Los partidarios de recortar las pensiones lo argumentan por el envejecimiento de la población española, que hará que en las próximas décadas aumente el número de mayores de 65 años en relación con las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Según Eurostat, este cociente pasará del 30% actual al 60% en 2050, y los partidarios de los recortes concluyen de esta cifra que “no se podrán pagar las pensiones si no se recortan”.

Sin embargo, lo que debemos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a las personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos contar sólo a las personas con empleo.

Esto es muy importante, porque pone el foco en la evolución del empleo (y los salarios) para garantizar las pensiones. Quienes, con la renta que generan, deben sostener económicamente no sólo las pensiones, sino a todas las personas que no están ocupadas en un momento determinado, son exclusivamente las personas que tienen un empleo. Y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente.

En concreto, en 2017 la tasa de dependencia total fue en España de 1,5 (es decir, hubo 1,5 personas dependientes, de cualquier edad, por cada ocupado), y la tasa de empleo fue del 61% (sólo estaban ocupadas 61 de cada 100 personas en edad de trabajar).

En los próximos años, aumentará el número de personas en edad de jubilarse, y en principio esto debería elevar esta tasa de dependencia económica… salvo que se apliquen las políticas adecuadas para que nuestra tasa de empleo converja con la de otros países europeos. Esto permitiría que, de forma simultánea, disminuyese el numerador de la tasa de dependencia (con menos personas inactivas o desempleadas) y a la vez aumentase el denominador (con más personas ocupadas).

Por ejemplo, un objetivo ambicioso, pero alcanzable, debería ser llegar a tener dentro de tres décadas las tasas de empleo que ya tienen otros países europeos en la actualidad: Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania y Reino Unido tienen tasas de empleo del 75%. Si España llegase a 2050 con esta tasa de empleo (y esto no depende del azar, sino de lo que hagamos), la tasa de dependencia ¡sería la misma que en 2017, y podría neutralizarse el efecto del envejecimiento!

Y la clave para lograr este aumento pasa por ─además de mejorar la situación media de la economía─ eliminar la brecha de género.

España tiene una tasa de empleo más baja que estos países porque tiene un porcentaje de población activa más bajo y más desempleo. Aunque esto ocurre tanto para los hombres como para las mujeres, está muy conectado con las diferencias por sexo: las mujeres tienen una tasa de empleo 10 puntos por debajo de la de los hombres, debido a que su participación en el mercado de trabajo es menor y su tasa de paro es más alta. Y, además, el porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo parcial es 16 puntos más alto que el de los hombres.

Es necesario por tanto centrar los esfuerzos de la política económica en aumentar la tasa de empleo de las mujeres, pues esto permitiría cerrar la brecha salarial y garantizar las pensiones. Esto requiere el despliegue de una serie de medidas apoyen este objetivo: proveer el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años, consagrar financiación suficiente para tener un verdadero sistema de dependencia, igualar los permisos de paternidad y maternidad –garantizando su intransferibilidad– y avanzar hacia el reparto de los cuidados mediante una reducción progresiva de la jornada laboral.

Además del empleo, no debemos olvidar que las cotizaciones a la Seguridad Social también dependen de los salarios, que han sufrido una fuerte devaluación durante la crisis. El peso de la remuneración de los asalariados en el PIB se ha reducido en 3 puntos porcentuales del PIB entre 2008 y 2018. Si se revirtiese este deterioro, las cotizaciones aumentarían un 0,6% del PIB: unos 7.000 millones de euros, mientras que revalorizar las pensiones este año costaría 2.300 millones. Y, nuevamente, aquí la brecha de género es fundamental, ya que en términos de ganancia anual las mujeres están obteniendo unos salarios que son un 24% inferiores a los de los hombres.

La preservación y mejora de las pensiones públicas exige en este momento un cambio global de la política económica, que garantice que hay una mayor parte de la población trabajando a tiempo completo y con salarios dignos. Acabar con la brecha de género, tiñendo de morado nuestra política económica, no solamente es una cuestión de justicia con las mujeres: es la mejor inversión de futuro que puede hacer el país.