Política científica vs política de innovación

Antonio Sánchez Andrés (Departamento de Economía Aplicada -Política Económica-, Universidad de Valencia)

Recientemente han vuelto a salir a la palestra las deficiencias en la política de I+D+i en España a través de la publicación del nuevo informe anual de la COTEC. Los resultados son desalentadores. Se vuelve a destacar, como ya es tradición, el poco interés existente en España por las actividades de I+D+i: inestabilidad en el gasto, poca participación y escasa sensibilidad del sector privado en este tipo de actividades, falta de perspectiva del sector público respecto a la financiación, heterogeneidad territorial y otros muchos más. Aunque existen grandes deficiencias en este ámbito estratégico, en este trabajo solamente se profundizará sobre unos aspectos específicos, en especial, acerca de algunos vinculados a la política científica y la política de innovación. Parte de los comentarios tendrá como horizonte el papel de la Universidad española, centro vital de la generación de investigación en nuestro país, y su impacto en la actividad productiva. Debe señalarse que una de las consideraciones de trasfondo que se asume en este trabajo es que la actividad científica en su parte mayoritaria debe orientarse hacia su aplicación en el aparato productivo y no simplemente ha de contemplar una perspectiva “artística”, por decirlo de alguna manera.

Si miramos retrospectivamente, el gasto en I+D en España, según el INE, hasta la mitad de los años 90 se encontraba estancado y sólo hacia mediados de esa década llegó a los 4 mil millones de euros. A partir de ese momento (en especial a partir de 1998), se va acrecentando más visiblemente, primero hasta alcanzar casi los 6 mil millones de euros en 2000 y después se duplicó en 2006. La tendencia al aumento siguió hasta el año 2008, cuando se alcanzó casi el nivel de los 15 mil millones de euros. A partir de ese momento, la sensibilidad del gobierno, e incluso de las propias empresas, hacia este tipo de partidas se oscureció. La caída en el gasto en I+D a partir del inicio de la crisis fue a la baja hasta el año 2014, manteniéndose estabilizado en torno a los 13 mil millones de euros en 2012-16.

Parte de la tendencia anterior se manifiesta en la actividad investigadora y se pueden utilizar varios indicadores para medirla, siendo uno de ellos el número de artículos científicos publicados en revistas relevantes (mediría, en parte, los resultados de la investigación que, a la sazón, son los que se encuentran más en boga). El creciente interés por el gasto en I+D se vio reflejado en que mientras que en el año 2000 se publicaron 685 artículos científicos por millón de habitantes, en 2008 se alcanzaron los 1183 y en 2012 los 1640. Esta última cifra se fue acrecentando posteriormente, por ejemplo, hasta los 1850 en 2014, último año del que se dispone de datos. Esta situación aparenta ser bastante positiva puesta que ubica a España en una situación que se acerca a países de nuestro entorno, como son los casos de Alemania (1307 artículos por millón de habitantes en 2008), Francia (1320 artículos) o Italia, aunque seguimos alejados de otros como se trata del Reino Unido (1996), pero especialmente de países con fuerte dinámica tecnológica como son Corea del Sur (1937 artículos) o Israel (2006).

Por su parte, para valorar el impacto de las actividades de I+D+i en el aparato productivo se puede utilizar el número de patentes de gran calidad (triádicas). En este sentido, en el año 2000 se registraron 3,6 patentes triádicas por millón de habitantes, que aumentó a 4,9 en 2008 y ascendió ligeramente hasta 5,2 en 2012. Esta evolución es mucho más modesta que la que se refleja en términos de investigación, pero resulta patética cuando se compara con otros países del entorno o similares al nuestro. En particular, en 2012 en Alemania se registraron 66,8 patentes del mencionado tipo, en Francia 38,9, en el Reino Unido 26,9 o en Italia 11,5. En caso de considerar países más dinámicos tecnológicamente la diferencia es abismal: Corea del Sur registró 57,6 e Israel 49,5. Así pues, nuestra actividad innovadora queda bastante en entredicho.

No obstante, aquello que se pretende destacar en este trabajo es más bien la relación entre el ámbito científico y el productivo, que se puede alumbrar haciendo la relación entre artículos publicados y patentes registradas (por millón de habitantes). Mientras que en España en 1999-2000 una patente requería la publicación de 189 artículos, en 2008 se necesitaron 241 artículos y en 2012 se requirieron 315. … ¡Y todo ello a pesar del esfuerzo en gasto público realizado desde el año 2000!. Estas cifras son más llamativas en la medida en que se contrastan en términos internacionales. En 1999-2000 Alemania necesitaba 14 artículos para conseguir una patente, en Francia 28, en Israel 33 o en Corea del Sur 42. En 2008, para estos mencionados países y respectivamente los artículos necesitados fueron de 18, 35, 38 y 47. La brecha con España ha seguido en la misma línea posteriormente. Así pues, se constata una tendencia ya vigente en, al menos, los últimos 20 años consistente en la desvinculación creciente entre la investigación (ciencia) y la innovación (aparato productivo). Este problema constituye uno de los retos más importantes de la política económica a este respecto, que no se resuelve con más volumen presupuestario, sino a través de un “condicionamiento” en el gasto público.

Pero por añadidura se está rebelando cada vez con más fuerza que la investigación no sirve para el desarrollo de la propia ciencia. A este respecto un indicador de la utilidad de un artículo (resultado de la actividad científica) es su utilización para la propia actividad científica, es decir, que sea utilizado (citado) por otros científicos. En el caso español, tiene lugar el fenómeno de que los artículos de los científicos españoles no se citan. En particular, España ocupaba el lugar número 20 (en documentos publicados en 2010 y citados hasta 2015). Es decir, que los artículos no sirven ni siquiera para fundamentar la actividad científica, sino que únicamente repercuten en beneficio del propio autor (para su promoción personal). La lucha contra este creciente autismo investigador constituye otro de los grandes retos de la política económica a este respecto.

Sin obviar la necesidad de llevar a cabo políticas económicas sobre el aparato productivo (política industrial activa) y programadas (dentro de un plan económico nacional a largo plazo), e incluso, orientadas a estimular los distintos segmentos del I+D+i, aquello que es estratégico en España es la vinculación de la ciencia con el aparato productivo. Limitándonos al núcleo de este artículo, en términos de políticas económicas relevantes se puede sugerir que, como una parte sustancial de la actividad científica se produce en la Universidad, resulta absolutamente necesario, por un lado, vincular estrechamente las ayudas científicas concedidas (relacionadas con investigación) a esta institución con su colaboración con el aparato productivo (este sería el “condicionamiento” antes mencionado). Por otro lado, dada la deformación que se ha generado en la Universidad en la que se estimula la “investigación endogámica”, que sólo le interesa a quién la produce, requiere perentoriamente un cambio en el sistema de incentivos-promoción del profesorado-investigador dentro de esta institución.