Juventud atrapada en la precariedad, y cómo salir del laberinto

Jorge Uxó es profesor de la Universidad de Castilla – La Mancha

Del total de personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en febrero de 2019 (14,9 millones) solo la mitad tenía un contrato indefinido ordinario a tiempo completo, o lo que la OIT define como un contrato estándar. En el caso de jóvenes menores de 30 años, solo una de cada cuatro personas afiliadas tenía este tipo de contrato. El resto tenían un contrato “atípico” (temporal o a tiempo parcial, o ambas situaciones simultáneamente). En ese mismo mes, de hecho, solo un 21% de las nuevas afiliaciones –de todas las edades- se hicieron con contratos indefinidos a tiempo completo.

Este dato confirma de nuevo una de las características estructurales más sobresalientes de nuestro sistema productivo: la cronificación de la precariedad laboral. Más aún, si antes de la crisis España ya destacaba por la elevada tasa de temporalidad, muy por encima de la media europea, el periodo de recuperación del crecimiento económico que se inicia en 2014 viene acompañado por otros dos factores que agravan la situación: el fuerte aumento de la rotación y la menor duración de los contratos indefinidos.

En una entrada reciente de este blog (aquí) Luis Cárdenas analizaba la evolución de la contratación estándar y atípica desde el inicio de la recuperación y mostraba no solo el aumento del peso del empleo atípico, situándose incluso por encima de las cifras anteriores a la crisis, sino también la alarmante reducción de la duración media de los contratos.

En 2018 se firmaron 22,3 millones de contratos de trabajo, de los cuales 20 millones son contratos temporales (9 de cada 10), aunque el incremento neto del empleo fue de 503.000 personas ocupadas (media anual, datos EPA). Para hacernos una idea mejor de lo que esto significa, en el año 2007 el empleo aumentó bastante más (641.000 personas) pero se firmaron muchos menos contratos (17,8 millones). La causa principal de este aumento del número de contratos que hay que firmar por cada nuevo empleo neto creado se explica, claramente, porque la duración de estos contratos es cada vez menor.

Esto se ilustra claramente con unos pocos datos. Según un estudio de Caixabank Research (aquí) el número de días contratados en 2018 fue un 22% inferior al de 2007, pero en cambio se firmaron un 22% de contratos más. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2018 tenía una duración inferior a 7 días, y casi un 40% tenían una duración inferior a un mes. Ambas cifras se sitúan muy por encima a las de 2007.

Respecto a la contratación indefinida, es cierto que en 2018 ha aumentado, e incluso se han firmado más contratos de este tipo que en 2007. Sin embargo, un estudio reciente de CCOO (aquí) pone de manifiesto que también estos contratos se ven afectados por una mayor inestabilidad desde la reforma de 2012: el 40% de estos contratos se extingue antes de un año, y el 50% antes de los dos años. La consecuencia de esto es que aunque en 2018 se han firmado 2,3 millones de contratos indefinidos, al final de año solo se mantenían vivos 1,4 millones; en 2007, se firmaron 2,2 millones, pero se mantuvieron vivos 1,9 millones. Esto quiere decir que si antes de la crisis era necesario firmar 1,2 contratos indefinidos para crear un nuevo empleo estable, ahora se necesitan 1,6. Un elemento clave para explicar la diferencia entre ambos momentos es sin duda la reforma laboral, que introdujo cláusulas más laxas para justificar las “causas económicas” de los despidos objetivos, abarató el despido improcedente y creó figuras como el contrato de emprendedores, que combinan bonificaciones a la contratación con facilidades para su extinción.

Este panorama general de precariedad crónica se agrava para la juventud: no solo porque las personas menores de 29 años tienen mayores tasas de temporalidad y parcialidad, y salarios más bajos, sino también porque en ellas se concentra especialmente la sucesión de los contratos de muy corta duración. La consecuencia es que cada vez se alarga más el tiempo que necesitan para acabar accediendo a un empleo estable (o al menos a un contrato indefinido), quedando atrapadas en una suerte de “vidas precarias” que retrasa de manera significativa sus posibilidades de emancipación y formación de nuevos hogares.

Ya hemos mencionado que 3 de cada cuatro personas jóvenes afiliadas al régimen general de la seguridad social tiene un empleo “atípico”. Un 57% de las personas ocupadas menores de 29 años tiene un contrato temporal, y si la tasa de parcialidad de los trabajadores mayores de 30 años se ha elevado del 10,6% (2006) al 13,1% (2017), entre el colectivo de jóvenes este aumento ha sido de 12 puntos porcentuales: del 15,4% al 27,3% en estos mismos años. En cuanto a la devaluación salarial, otro informe reciente de CCOO (aquí) muestra que la mayor caída de las retribuciones se ha producido en la franja de edad inferior a los 20 años (un 28% entre 2008 y 2016), pero que también ha sido significativa entre las personas que tienen entre 20 y 24 años (-15% de caída salarial) y en el colectivo entre los 25 y 29 años (-9%).

Pero aún más significativa es la consecuencia que la precariedad tiene para las posibilidades de las personas jóvenes para acceder de una forma estable a un empleo regular. Los economistas F. Felgueroso, J.I. García-Pérez, M. Jansen y David Troncoso-Ponce han estudiado el impacto que la menor duración de los contratos (la mayor tasa de rotación) tiene sobre las trayectorias laborales de los jóvenes (puede leerse un resumen aquí). Las conclusiones son claras.

En 2007, las personas asalariadas con menos de 30 años firmaban 3,4 contratos para estar empleadas durante todo el año. Ese número se ha elevado hasta el 5,2 en 2017. Dentro de esa media, las más afectadas por la rotación son las más jóvenes entre las jóvenes: quienes tienen menos de 20 años deben firmar 7,8 contratos para estar empleadas todo el año, mientras que las que tienen entre 25 y 29 suscriben 4,5. Para jóvenes menores de 30 años se observa que esta acumulación de contratos temporales tiene dos consecuencias importantes en sus trayectorias laborales: les lleva hacia contratos de cada vez menor duración, y a partir de 7 u 8 contratos se reduce su probabilidad de acceder a un contrato indefinido.

Esta evidencia apunta al riesgo para este colectivo de quedarse atrapado en ciclos de contratos de (muy) corta duración, con un tiempo medio de 57 meses para tener empleo estable antes de la crisis y 94 meses en el periodo posterior a 2008.

Es muy importante entender las implicaciones vitales de esta situación. Por supuesto, afecta a las expectativas a medio plazo de las personas más jóvenes (¿será la primera generación condenada a vivir peor que sus padres y sus madres?) pero también a sus posibilidades de iniciar un proyecto de vida propio y autónomo. Es decir, se retrasa la tasa de emancipación (debido también al problema de la vivienda y los precios de los alquileres) y se retrasa también (involuntariamente) la edad de tener descendencia.

Según un estudio reciente del IVIE, el 65,1% de la población de entre 16 y 34 años sigue viviendo en el hogar familiar, lo que supone 7 puntos más que hace diez años (aquí). Obviamente, esto está muy relacionado con la precariedad laboral. La tasa de emancipación es mayor en la población entre 16 y 34 años que está ocupada en el mercado de trabajo (51,4%) frente a quienes se encuentran en situación de desempleo (31,7%) o de inactividad (12,1%). Asimismo, el porcentaje de jóvenes que han abandonado el hogar familiar aumenta con la estabilidad en el empleo: la tasa de emancipación de jóvenes asalariados con contrato indefinido ascendía al 62% en 2018, mientras que este porcentaje se redujo al 36,8% en jóvenes asalariados con contrato temporal.

Este retraso en la emancipación también se debe a los precios de la vivienda. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) el gasto en vivienda representa más del 30% del gasto total de los hogares españoles formados por jóvenes entre 16 y 34 años.

La segunda consecuencia es el retraso en la edad del primer hijo o hija. En España ya hay más madres de 40 años (12.993 nacimientos en 2017) que de 25 años (9.244 nacimientos), ocupa el retraso en la maternidad en Europa y tiene la edad de tener el primer hijo más elevada del mundo (32 años).

Obviamente, el problema fundamental de este hecho se deriva de su carácter involuntario, y de su relación con la propia precariedad laboral. Es decir, que personas que desean tener descendencia deben retrasarlo, o renunciar a ello, por la falta de estabilidad laboral y por la penalización de expectativas salariales y profesionales que supone la maternidad.

Esta situación es el resultado de dos trampas. Una es la apuesta política por facilitar este tipo de contratos precarios, desregulando el mercado de trabajo, como una forma equivocada y poco fructífera de ganar competitividad. La otra es el fraude y el abuso generalizado dentro de esas normas ya de por sí demasiado laxas, y especialmente la falta de causalidad en la contratación temporal o el incumplimiento de los horarios en el trabajo a tiempo parcial.

Consecuentemente, la salida del laberinto de la precariedad requiere medidas decisivas que actúen en ambas direcciones. En primer lugar, una apuesta decidida por políticas industriales que seleccionen sectores estratégicos que sirvan como palanca de transformación de la estructura productiva (digitalización, transición energética, infraestructuras sociales) y cambien la apuesta por sectores donde la precariedad puede ser aparentemente funcional a su desarrollo. Esto implica también desterrar una visión de la gestión empresarial centrada en la reducción de costes salariales (que, en definitiva, fomenta y protege la gestión ineficiente). En segundo lugar, una regulación laboral que asegure el uso adecuado, excepcional y siempre causalizado de la contratación temporal, que incluya también medidas como el establecimiento de una duración mínima de este tipo de contratos y una penalización a las empresas que abusen de la contratación atípica. Al margen de estas medidas, hay que añadir políticas de vivienda centradas en la oferta de alquiler social a precio asequible y la extensión de servicios públicos relacionados con los cuidados y su reparto sin roles de género.