Una desigualación hacia abajo

Ricardo Molero Simarro (@ricmolsim) es profesor de Estructura Económica de España en la Universidad Autónoma de Madrid

Es ampliamente conocido que España es el país europeo en el que más se ha incrementado la desigualdad de la renta más desde el comienzo de la crisis. A día de hoy somos la cuarta economía más desigual de la Eurozona. Habitualmente, achacamos de manera mecánica esa mayor inequidad al creciente enriquecimiento de los que más tienen. Las consecuencias de la concentración de la renta en manos de los más ricos sobre el propio crecimiento económico, la cohesión social e incluso la participación democrática son profundas. No obstante, resulta mucho más grave que la ampliación de la brecha entre ricos y pobres tome forma de una “desigualación hacia abajo”, es decir, que sea consecuencia del mayor empobrecimiento de quienes ya menos tenían. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país durante la última década.

Mientas que más de la mitad de la población está recuperando ya su nivel de renta previo a la crisis, al menos en términos nominales, los ingresos del 10% más pobre siguen siendo un 11% inferiores a los del año 2007. En un contexto en el que, si descontamos la inflación, todos los segmentos de renta acumulan aún pérdidas de poder adquisitivo, las sufridas por ese colectivo más vulnerable llegan al 21%, entre 2 y 3 veces mayores que las del resto. En el mejor de los casos, su renta anual apenas alcanza el equivalente a 5.500 euros por persona y año.

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Antes de la crisis, la concentración de las ganancias derivadas de la burbuja inmobiliaria en las familias de rentas más altas provocó que el crecimiento económico apenas redujese la desigualdad. La sustancial disminución de las tasas de paro permitió una mejora de las rentas más bajas, haciendo posible cierto descenso de la pobreza relativa y de la privación material. Sin embargo, la precariedad asociada a los nuevos empleos creados, junto con el infradesarrollo de nuestro Estado de bienestar generaron un potencial desigualador que, aunque relativamente oculto hasta entonces, se liberó al estallar la crisis.

Incluso antes de la llegada, en 2010, de los primeros recortes del gasto público, los grupos de población más pobres empezaron a sentir en mayor medida el impacto de la recesión. Esto no fue sólo consecuencia de su mayor exposición al paro, sino también de la falta de mecanismos eficaces de protección social. Las prestaciones por desempleo apenas alcanzaban a quienes se habían insertado de manera más precaria en el mercado laboral; y mucho menos lo hacían las escasas e insuficientes prestaciones no-contributivas a quienes estaban excluidos del mismo. Los recortes no hicieron sino ahondar en esa desprotección, multiplicándose el porcentaje de hogares sin ningún tipo de ingreso.

La fragmentaria creación de empleo que se ha logrado desde 2013 no se ha trasladado prácticamente a los estratos más pobres. El mantenimiento de altas tasas de paro, que siguen excluyendo del mercado laboral a importantes capas de la población; la baja intensidad en el empleo de quienes han encontrado un trabajo, pero están ocupados un insuficiente número de horas al año como consecuencia de la creciente temporalidad y parcialidad de los contratos; y la extensión de las relaciones laborales de carácter mercantil, en especial por medio de la figura de los falsos autónomos; unido todo ello a unos menores salarios/hora, como consecuencia de las políticas de devaluación interna, están impidiendo que los frutos de la recuperación económica lleguen a muchos/as trabajadores/as.

Al mismo tiempo, el mantenimiento, hasta hace muy poco, de las políticas de austeridad fiscal, a pesar de las tasas positivas de crecimiento, están castigando doblemente a esos grupos de población que más sufren el paro y la pobreza laboral. La escasez de los subsidios de desempleo, la insuficiencia de las pensiones no-contributivas, lo exiguo de las rentas mínimas a nivel autonómico, la infrafinanciación de la atención a la dependencia y las carencias de la prestación por hijo a cargo; por no hablar de la falta de políticas efectivas que garanticen el acceso a la vivienda, hacen que las familias de menores recursos continúen desprotegidas.

Aunque la casuística es múltiple, en ese grupo de población parcial o totalmente excluido del mercado laboral y más afectado por los recortes del Estado de bienestar se incluyen inmigrantes (casi la mitad de los/as que provienen de fuera de la Unión Europea forman parte del 20% más pobre de la población); trabajadores/as parados/as (más del 40% de ellos/as); personas que viven en hogares monomarentales/monoparentales (casi un 40%); o en hogares con un gran número de miembros (más de un tercio); niños/as y jóvenes (1 de cada 4); y, por supuesto, una mayor proporción de ese segmento de menor renta son mujeres. No es sólo cuestión de que el crecimiento reciente apenas les esté beneficiando, sino de que nuestra sociedad está siendo incapaz de asegurarles unas mínimas condiciones materiales de vida.

Como decíamos al principio, los procesos de desigualación hacia abajo, es decir, el empeoramiento de la desigualdad producido por el descenso de los ingresos de la población de menor renta, resultan especialmente graves, ya que se encuentran directamente asociados con la caída en situaciones de pobreza y privación. Este tipo de desigualación está relativamente menos vinculada al mayor enriquecimiento de los más ricos. No obstante, somos el tercer país de toda la UE-28 con una mayor brecha de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Y la resistencia de esos grupos más pudientes a las políticas redistributivas puede provocar que la pobreza se convierta en exclusión social a largo plazo, además de que está ralentizando hasta casi pararlo el denominado “ascensor social”.

De hecho, es posible afirmar que en nuestro país la distribución de la renta se ha convertido en un juego de “suma cero”. Sólo durante la burbuja fue posible mantener la ficción de la “prosperidad compartida”, que tomó la forma de ganancias del patrimonio para las rentas más altas y de creación de empleo para las clases trabajadoras, en ambos casos infladas artificialmente. Desde su pinchazo hemos asistido a un ajuste que está permitiendo a las primeras recuperar sus ingresos sólo a costa de las pérdidas sufridas por buena parte de las segundas.

Esta práctica imposibilidad de mejorar la situación de todos los grupos sociales de manera simultánea se explica, en buena medida, por el estancamiento de la productividad en nuestra economía, el cual genera un trade-off directo entre la evolución de las rentas del trabajo y las, concentradas en pocas manos, rentas del capital. Al mismo tiempo es, muy probablemente, una de las causas del alto grado de conflictividad en el que se ha instalado nuestra sociedad. El último episodio de ésta es el movimiento reaccionario que amenaza con, después del 28-A, llevar a un nuevo estadio el intenso ataque que ya han sufrido los derechos sociales durante la última década.

Frente a este tipo de reacción, la necesidad de reducir la desigualdad es acuciante. Una potencial transformación de nuestro modelo productivo permitiría que dicho proceso se produjese en condiciones de incrementos generalizados de los ingresos de los diferentes estratos de población. Sin embargo, los insuperables límites ecológicos a los que nos enfrentamos nos obligan a renunciar al crecimiento como vía de resolver los conflictos sociales. Por el contrario, una honda redistribución de la renta en nuestra economía (tanto desde las rentas del capital hacia las del trabajo, como vía impuestos y transferencias sociales) es imprescindible si realmente queremos que quienes conviven con la pobreza y la exclusión puedan salir de ellas.