¿Hay mucho gasto “político” en España? Un repaso por el gasto público

Juan Ruiz (Profesor en la UMET)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

  1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
  2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

  1. Ayuda económica al exterior.
  2. Investigación básica.
  3. Investigación al desarrollo.
  4. Operaciones de deuda pública.
  5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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En lo que anteriormente hemos clasificado como “gasto político” la situación se repite. El conjunto de las AAPP españolas consumen medio punto del PIB menos que la media europea y 0,7 puntos menos que la media de la eurozona. Encontramos que Francia, pese a ser un referente en cuanto a centralización estatal, destina un 3,5 % de su PIB en estas mismas partidas.

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Los datos económicos no parecen apoyar la hipótesis del derroche, así que la conclusión es que para comprender porqué agita y causa tanto furor la propuesta de destruir autonomías, o de reducir el “gasto político” debemos recurrir a la psicología, o al papel que juegan los medios de comunicación cuando transmiten sistemáticamente mensajes sin entrar a analizar su veracidad.

Siguiendo con el resto de las estadísticas de gasto público vemos que se repite la misma tónica. España gasta 1,1 puntos del PIB menos en el servicio de salud, 0,5 puntos menos en educación, 0,4 en asuntos económicos, 0,3 puntos menos en defensa y 0,2 puntos del PIB menos en vivienda y servicios. El gasto es igual en la partida de ocio, cultura y religión, y únicamente mayor en protección del medioambiente (0,1 puntos) y seguridad y orden público (0,2).

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En la partida destinada a protección social España gasta un 16,6% del PIB, mientras la media de la eurozona está en 19,8%. Como no podía ser de otra forma, en prácticamente todas las categorías, el gasto sobre el PIB es menor al de la media de la eurozona. Aunque llama la atención lo lejos que España se encuentra de la media del gasto de las partidas destinadas a la tercera edad, familia y vivienda. Y que únicamente tiene un gasto mayor en viudedad y orfandad, y en desempleo. Este último debido a que la tasa de paro en España es del 14% y en la eurozona es del 7,5%

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La reflexión final es obvia, si a pesar de gastar menos que la media en todas las partidas sociales tenemos déficit ¿cómo alguien puede pensar que la solución pasa por bajar más los impuestos? Para defender este razonamiento se suele recurrir al dogma de la multiplicación mágica por el que a menos impuestos se atrae más inversión, y el efecto final es una mayor recaudación y mayor desarrollo. ¿Será por eso por lo que, en el mapa de la presión fiscal, la mayoría de los países con baja presión se encuentran en América Latina, el Sudeste Asiático y África?

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