¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

 Carlos Ochando Claramunt. Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valencia) Carlos.Ochando@uv.es

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

¿Y cualés podrían ser esas nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar en el futuro? Siguiendo a autores como Esping-Andersen y Palier (2010), Esping-Andersen, Gallie, Hamerijck y Myles (2002) y Liddle y Latham (2010), algunas líneas estratégicas podrían ser las siguientes:

  1. mayor inversión social en la infancia para romper la herencia social y la transmisión intergeneracional de la pobreza;
  2. fomento de la inversión en capital humano en todo el ciclo vital (educación continua para la economía del conocimiento e incremento de la formación y el reciclaje profesional);
  3. mercados laborales flexiseguros para todos;
  4. flexibilización del ciclo de vida (la jubilación retrasada y flexible, nuevas combinaciones entre ocio y trabajo, etc.) y
  5. aceptación de la inmigración y fomento de su integración a través de la participación.

 

La mayoría de estos autores olvidan un nuevo riesgo social al que hay que hacer frente de manera urgente: el cambio climático. Este riesgo transciende el ámbito del Estado del bienestar y sería transversal al resto de las políticas económicas y sociales. Incluso transciende el ámbito tradicional de los Estados-nación.

El cambio climático es hoy una realidad indiscutible, dependiendo de la capacidad y voluntad política que tengamos para tomar medidas drásticas, seremos capaces de minimizar los efectos y aumentar la capacidad de resiliencia de las sociedades. Los efectos del mismo, que son globales, han sido ampliamente descritos: aumento de la temperatura, disminución de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, deshielo, inundaciones, desertización, aumento de plagas, pérdida de cosechas…,etc. Las consecuencias sobre la economía, la producción de alimentos y salud de las personas son importantes y graves.

Tales consecuencias se sufrirán de forma desigual, siendo las personas pobres las más vulnerables. La desertización, la falta de agua dulce y falta de tierras cultivables puede provocar una gran crisis alimentaria y el aumento de las hambrunas. El sur de Europa, especialmente, verá disminuir la producción agrícola y ganadera por las sequías y la falta de agua.

Aunque es un fenómeno que transciende el Estado del bienestar, el cambio climático puede ocasionar nuevas tragedias humanas que acaben teniendo consecuencias sobre los modelos de protección social europeos. Aunque el término de “refugiado climático” no está contemplado por el derecho internacional, lo que parece claro es que el número de personas forzadas a migrar por razones medioambientales irá en aumento y se sumará a los migrantes por conflictos bélicos o persecuciones por cuestiones de raza, religión, etc. (según Oxfam, 20 millones de personas en el mundo ya son desplazados en el mundo por cuestiones climáticas, siendo España el tercer país con mayor riesgo de sufrir este problema).

Las medidas necesarias para hacer frente a estos desafíos requieren un cambio en el modelo productivo y de consumo que implique una reducción de los recursos utilizados para producir bienes de consumo y una disminución de los residuos generados, así como un sistema de cultivo basado en técnicas tradicionales que disminuya los impactos y facilitar el acceso a la tierra de las comunidades como medida  imprescindible para luchar contra la pobreza extrema. Luchar contra el cambio climático es también una lucha contra la desigualdad, la pobreza y por la soberanía alimentaria. En la misma lucha por el cambio climático se encuentra la oportunidad de un cambio de modelo productivo y de consumo mucho más sostenible y humano que el actual.

Desde la economía la respuesta que se da es armar un Green New Deal que aporte una fuerte inversión pública en nuevas infraestructuras que faciliten la necesaria transición energética hacia un modelo productivo más sostenible y eficiente energéticamente (Scott, 2013; Pollin, Chakraborty y Garrett-Peltier, 2015; The Green New Deal Group, 2018; Cömert, 2019; Rifkin, 2019).  Empieza a ser urgente esta solución si queremos salvar la supervivencia de la especie humana en el planeta.

Para acabar esta breve reflexión, diremos que estos planteamientos teóricos (la defensa del Estado del bienestar dinamizador e inversor y el enfoque de la “pre-distribución”) tienen un peligro claro: el sesgo liberal hacia un rediseño basado en una mayor individualización, activación y contractualización  de las relaciones laborales, el énfasis en la empleabilidad y el emprendimiento como herramientas ante la falta de empleo (y empleo de calidad) y una mayor condicionalidad de las políticas sociales. Ese es el peligro que deberíamos evitar en el futuro.

 

Referencias bibliográficas.

 – AIGENGER, K. y LEONI, TH. (2010): “El Estado Dinamizador y la tipología de los modelos sociales en Europa” en Mulas-Granados, C. (Coord.): El Estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado de bienestar en Europa. Ed. Complutense y FIIAPP, Madrid.

– CÖMERT, M. (2019): “Revival of Keynesian Economics or Greening Capitalism: `Green Kenesianism´” Sosyoekonomi Vol 27 (42), pp: 129-144.

– ESPING-ANDERSEN, G., GALLIE, D., HAMERIJCK, A. y MYLES, J. (2002): Why We Need a New Welfare State. Oxford University Press, Oxford.

– ESPING-ANDERSEN, G. y PALIER, B. (2010): Los tres grandes retos del Estado del bienestar. Ariel, Barcelona.

– LIDDLE, R. y LATHAM, S. (2010): “Los nuevos riesgos sociales a los que se enfrentan las sociedades europeas” en Mulas-Granados, C. (Coord.): El Estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado de bienestar en Europa. Ed. Complutense y FIIAPP, Madrid.

– MULAS-GRANADOS, C. (2010): “El Estado Dinamizador: de los nuevos riesgos a las nuevas políticas” en Mulas-Granados, C. (Coord.): El Estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado de bienestar en Europa. Ed. Complutense y FIIAPP, Madrid.

– POLLIN, R., CHAKRABORTY, S. y GARRET-PELTIER, H. (2015): “An Egalitarian Clear Energy Investment Program for Spain” Working Paper Series Political Economy Research Institute nº 390. University of Massachusetts Amherst.

-RIFKIN, J. (2019): El Green New Deal Global. Ediciones Paidós.

– SCOTT, M. (2013); “The Paradox of Green Keynesianism” Green House. United Kingdom.

– THE GREEN NEW DEAL GROUP (2018): “Jobs in Every Constituency. This Time it must be different. 10 years after 2008 economic crisis”

-ZALAKAIN, J. y BARRAGUÉ, B. (Coords.) (2017): Repensar las políticas sociales. Predistribución e inversión social. Editorial Grupo5, Madrid.