Los efectos disruptivos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo

Julián López Gallego (jlgallego@ucm.es)

Investigador predoctoral del Instituto

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie a interpretaciones que caen unas veces del lado del optimismo ingenuo y otras del fatalismo poco informado. Con honrosas excepciones, rara vez se intenta ofrecer una visión más o menos sistemática fuera del entorno especializado. En las líneas que siguen procuro obedecer a tal propósito, reservando el final para advertir acerca de algunos dilemas políticos que habremos de enfrentar.

Ha de comenzarse por algún punto y comienzo destacando una obviedad. Durante el segundo tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI hemos asistido a avances decisivos en computación, telecomunicaciones y robótica. Estas transformaciones no sólo han consistido en la introducción de nuevas tecnologías, cada vez con mayores funcionalidades, sino en una rebaja sustancial en el precio de las mismas que ha permitido que su accesibilidad y la extensión de su uso sea cada vez mayor. Pensemos que el primer modelo de ordenador personal de IBM costaba en torno a 4.000 dólares (en términos actuales) y estaba dotado de una capacidad de procesamiento muy inferior a la que hoy tiene cualquier equipo que cueste una quinta parte de ese precio.

Algo menos obvias resultan sus implicaciones. La más destacada y que recibe mayor acogida entre el público generalista es la vieja batalla del hombre contra la máquina. Con el cambio tecnológico, las máquinas o equipos programables ejecutan con menor coste y mayor eficiencia tareas o actividades que ya antes podían desempeñar. A su vez, operaciones hasta entonces sólo realizadas por humanos pueden ser ahora asignadas a dispositivos tecnológicos. La inminente amenaza de sustitución por el autómata es casi siempre planteada por quienes, casi a renglón seguido, sugieren la reconciliación de máquina y hombre por medio del surgimiento o crecimiento del número de puestos en profesiones y dedicaciones que, por el momento o en un futuro previsible, son asequibles a la habilidad humana pero incompatibles con el tipo de tareas ejecutables por una máquina.

Menos focos iluminan los efectos del avance tecnológico sobre otra batalla más antigua, la que enfrenta al hombre contra el hombre. Es conocido que la introducción de maquinaria en los procesos de producción de bienes puede simplificar las tareas propias del trabajador industrial, reduciendo estas a una colección de sencillos movimientos mecánicos repetitivos. El resultado es una descualificación del trabajo que reduce significativamente los costes de sustitución de los operarios y, consecuentemente, aumenta la competencia entre estos en el mercado laboral. Este efecto predominó durante las primeras oleadas industrializadoras[1] y, de hecho, suscitó la reflexión de los economistas políticos clásicos. Sin embargo, la simplificación del rango de tareas a ejecutar, como consecuencia de la introducción de equipos programables en el puesto de trabajo, no es en modo alguno restrictiva de la producción industrial. También los servicios se ven afectados. Pensemos, por ejemplo, en cómo el desarrollo de los sistemas de navegación por GPS ha automatizado la orientación y búsqueda de rutas eficientes en mapas, reduciendo significativamente los costes de sustitución del trabajador en el sector del taxi.

Por último, una implicación sobradamente conocida. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha reducido significativamente los costes y aumentado la eficiencia de los sistemas comunicación y transporte. El mundo se ha estrechado y, con su estrechamiento, ha incrementado la integración internacional de la producción. La amenaza de la deslocalización apareció en último tercio del siglo pasado y se convirtió en un hito económico y político recurrente[2]. Junto con la generalización de las tecnologías maduras y los cambios en la organización de la producción (que remiten también a las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas), las mejoras en comunicación y transporte explican buena parte de las crecientes presiones competitivas que soportan las economías avanzadas.

Pues bien, para comprender los efectos sobre el mercado laboral de estas transformaciones, hemos de reparar primero en su estructura ocupacional y de contratación. En el mercado de trabajo encontramos diversas ocupaciones y estados de contratación que se distribuyen entre la población activa según un patrón que cambia a lo largo del tiempo y es diferente en cada economía nacional. Una persona en activo puede encontrase en estado de no contratación (desempleada a corto o largo plazo), de contratación atípica o estar empleada con un contrato indefinido, a tiempo completo y cierta estabilidad en el puesto. Los diferentes estados definen el grado de seguridad en el empleo o la fortaleza del vínculo contractual del trabajador y afectan de manera decisiva a su capacidad para negociar las condiciones de trabajo (incluyendo el salario).

El cambio tecnológico no afecta por igual ni de la misma forma a todas las ocupaciones, lo que impacta directamente sobre la estructura ocupacional y, a través de esta, sobre la estructura de contratación. Las ocupaciones pueden ser vistas como un conjunto de tareas o actividades que exigen ciertas habilidades y niveles de cualificación. Según cuáles sean el tipo de tareas o actividades en ellas contenidas, implicarán para el trabajador que las ejerce una mayor o menor probabilidad de ser reemplazado, ya sea por un bien o servicio importado desde el exterior (riesgo de deslocalización), por una máquina o equipo programable (riesgo de automatización) o por otro trabajador (riesgo de rotación laboral). La introducción de nuevas tecnologías puede reducir los costes de sustitución de un trabajador y, a un nivel dado de demanda[3], incrementar el riesgo sustitución.

Podemos determinar el nivel de riesgo de sustitución de una ocupación atendiendo a su grado de codificabilidad y a la existencia o no de cuellos de botella tecnológicos y de deslocalización. La codificabilidad de una ocupación es la posibilidad de reducir su ejercicio al mero seguimiento de un conjunto de reglas fijadas de antemano por la organización. Si el grado de codificabilidad es alto, los costes de sustituir a un trabajador por otro serán menores y, en ausencia de ciertos cuellos de botella, el desarrollo de nuevas tecnologías o el descenso en su precio posibilitará asimismo la sustitución del trabajador por máquinas y equipos programables. Los desarrollos de informática y robótica en las últimas décadas han propiciado que esta forma de sustitución afecte principalmente a los empleados en tareas administrativas y de contabilidad básica, así como los operarios de plantas industriales de sectores como el automóvil. Como ha sido destacado a menudo, estamos en ambos casos ante ocupaciones caracterizadas por un alto contenido en actividades rutinarias, que son tareas repetitivas que siguen reglas explícitas y que, por tanto, resultan fácilmente codificables y programables[4].

Son las ocupaciones de servicios de baja y alta cualificación las que se muestran más resistentes a la automatización. De las primeras es propio un alto riesgo de rotación laboral, que se acentúa con el desplazamiento de trabajadores desde sectores automatizados, pero un bajo riesgo de deslocalización. Este tipo de servicios son, por el momento, difícilmente automatizables, pues requieren habilidades de orientación espacial, manipulación o interacción social que una máquina o equipo no puede realizar eficientemente. Sin embargo, se encuentran también afectados por la introducción de tecnologías que simplifican las tareas a ejecutar y reducen el periodo de formación. Es el caso del sector del taxi, ya comentado, o de la introducción de equipos programables y software de gestión en los servicios de restauración.

Por su parte, los profesionales, técnicos o cuadros directivos de servicios de alta cualificación presentan un bajo riesgo tanto de automatización como de rotación laboral, pues el tipo de toma de decisiones y de resolución de problemas que exigen estas ocupaciones dificulta su codificación. Ahora bien, los desarrollos en informática y telecomunicaciones han provocado que buena parte de estos empleos estén cada vez más expuestos a la competencia internacional, por lo que es previsible que su riesgo de deslocalización incremente en los próximos años.

Asistimos, en definitiva, a una polarización de la estructura ocupacional que segmenta la estructura contractual. Incrementa, por una parte, la proporción de trabajadores de baja cualificación, que tienen más riesgo de encontrarse en estados de contratación que implican menor estabilidad en el empleo (desempleo o empleo atípico) y que se incorporan a sectores de baja productividad con débiles organizaciones sindicales[5]. Aumenta a su vez, por otra parte, la proporción de trabajadores de alta cualificación, a quienes la introducción de nuevas tecnologías no sólo no perjudica sino que beneficia, pues mejora su productividad y eficiencia. El resultado es el crecimiento de la disparidad de ingresos, tanto por la desigual distribución de las horas de trabajo anuales entre la población activa, como por el incremento de la dispersión salarial.

Suele enfatizarse que, para afrontar estas agudas transformaciones, se requiere ampliar el rango de servicios de protección social del estado del bienestar y su capacidad redistributiva. El creciente envejecimiento de la población, así como el aumento de la sensibilidad de nuestras sociedades ante la enfermedad o las situaciones de dependencia, exigen una apuesta decidida por ocupaciones intensivas en tareas de asistencia y cuidado, que son, además, muy resistentes a la automatización. Por su parte, programas de garantía de rentas parecen el único modo de mitigar el riesgo de exclusión social que amenaza a una parte de los trabajadores que, viéndose afectados por la automatización o la deslocalización, tienen difícil reincorporarse a estados de contratación estable.

Todos estos programas de gasto público sólo son financiables si aseguramos un buen posicionamiento internacional de nuestros servicios de alta cualificación. Sin embargo, como se ha señalado, este tipo de servicios están sometidos a una competencia internacional cada vez mayor, que incrementa la amenaza de deslocalización. Son, por tanto, crecientes los recursos directos o indirectos que exigen y la captación de sus élites profesionales implica, además, el pago de salarios reales suficientemente atractivos. A menos que el efecto de incremento del empleo en los tramos bajos de renta lo compense, una estrategia de este tipo puede propiciar el aumento de la dispersión de ingresos.

La transformación reciente de las economías avanzadas no está, por tanto, exenta de conflictos. Los centros urbanos dinámicos se oponen a los antiguos espacios industriales en decadencia; la demanda de trabajadores de alta cualificación (especialmente, de aquellos con formación técnica y científica) se enfrenta a la provisión de servicios de baja cualificación y a la disminución del empleo en ocupaciones de media cualificación. Tras las luces deslumbrantes de la llamada economía del conocimiento se proyectan las sombras de la segregación geográfica y formativa.

 

[1] Ahora bien, no siempre fue así. Como señalan Frey y Osborne (2017) y Frey (2019) a partir de mediados del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, con la electrificación de las cadenas de montaje, la operación con máquinas cada vez más complejas exigió mayores niveles de formación de buena parte de los trabajadores industriales, lo que contribuyó a formar una base de empleados de media cualificación.

[2] Resulta casi ocioso recordar que Trump convirtió en uno de los elementos centrales de su campaña (y de la política de gestos de su Administración) la crítica a la deslocalización y a la competencia desleal china.

[3] La advertencia sobre la pertinencia de considerar la demanda no es menor. Si pensamos en los cambios en el sector bancario español de las últimas décadas, entenderemos por qué. Durante la última gran fase de crecimiento (1994-2007), incubó importantes transformaciones derivadas de la informatización de sus servicios y la progresiva implantación de la banca digital. Sin embargo, sus consecuencias sobre el empleo se vieron compensadas por el extraordinario incremento de la demanda de servicios bancarios ligados a la expansión de la construcción inmobiliaria. Llegada la recesión, la desaparición de sucursales y el despido de profesionales del sector ha sido masiva.

[4] Nos referimos con ello a la hipótesis del Routine Biased Technological Change (RBTC), que tiene su primera formulación en los estudios pioneros de Autor, Levy y Murname (2003) y Autor, Katz y Kearny (2006). En ellos (y en otros trabajos posteriores) apoyamos gran parte de las consideraciones aquí contenidas.

[5] Aunque no es mi objetivo aquí y no puedo desarrollarlo por limitaciones de extensión, no querría dejar de destacar la influencia decisiva que el sistema de relaciones laborales ejerce sobre la capacidad negociadora de los trabajadores y, por tanto, su importancia para entender convenientemente los efectos del sesgo en el cambio tecnológico. Como ha sido señalado reciente por Kristal y Edler (2019) y, anteriormente, por Kristal y Cohen (2017), el incremento en la disparidad salarial provocado por el cambio tecnológico puede ser frenado por la fuerte implantación de las instituciones de negociación colectiva y por la capacidad de organización sindical. Sin embargo, parece que el propio cambio tecnológico ha tenido un efecto negativo sobre esas mismas instituciones (Kristal, 2013 y 2019).