Enfoques alternativos para una nueva política económica
En las últimas semanas han sido muchos los artículos y declaraciones que daban por hecho una nueva y próxima recesión económica global. Han abundado esos malos augurios en una campaña electoral particularmente tóxica que facilitó la utilización de todos los argumentos a mano, más o menos razonables o fantasiosos, y demasiadas mentiras para conseguir votos.
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Uno de los ejes de la política industrial del último gobierno en España aparece reflejado en las “Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030”, que apareció en febrero de 2019. El ambicioso título debía ser el marco de actuación para generar una política económica de nuevo cuño en España. Este se enmarcaría dentro de la iniciativa de la Unión Europea de 2014 de relanzar la política industrial en el área comunitaria, que fue concretada posteriormente y alcanzó una cumbre en 2017
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Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en sus palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.
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En definitiva, esta propuesta supone un hito más en la desprotección laboral y no aporta ninguna ventaja evidente a los trabajadores. Su único fundamento es que es necesario reducir los derechos laborales para acelerar la reducción del desempleo y de la segmentación laboral, pero a estas alturas ya debería resultar evidente que precisamente este tipo de reformas son las que han cronificado la precariedad.
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Luis Cárdenas del Rey Investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad, aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del…
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El mainstream económico debe aceptar que se necesita un plan coordinado donde buena parte de las inversiones deberá ser dirigida por los Estados. De lo contrario los gobernantes y las instituciones políticas, económicas y monetarias deben dar la cara y explicar los motivos al culto a unas sendas fiscales que no se sustentan en ninguna base científica, ni fueron diseñadas teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos
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Hace unos días, y al hilo de la cumbre del G-7 que tenía lugar en Francia, Francisco de la Torre publicaba en este medio una tribuna titulada “Multinacionales: una fiscalidad para engañarnos a todos”. Tras ese estimulante título, aparecía un planteamiento que no puedo más que compartir: uno de los grandes beneficiarios del proceso de globalización, la empresa multinacional, es simultáneamente uno de los actores que menos contribuyen a las haciendas públicas estatales.
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El sistema fiscal es espejo del devenir de la historia y reflejo en cada época y región de la pulsión política del momento. Incluso hay casos en los que un impuesto determina la historia de un país. Así fue el caso de EEUU y la lucha entre la entonces colonia y la metrópoli a raíz de una serie de leyes impositivas sobre el té y las famosas Intolerable Acts, que desencadenaron unas revueltas que culminaron en la revolución americana –y en la aparición del Boston Tea Party.
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Es difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países.
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Digámoslo claro: la construcción de las reglas fiscales europeas, las fuertes limitaciones al uso de las políticas presupuestarias y el intervencionismo extremo de Bruselas en las decisiones fiscales de los gobiernos y parlamentos nacionales no se derivan de una teoría económica sólida e incontrovertida.
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