Enfoques alternativos para una nueva política económica
Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre quien debía hacerse cargo del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentado (AJD), si la banca o las personas que solicitan un crédito, diversos han sido los debates suscitados al respecto. Tanto desde un punto de vista judicial sobre las repercusiones que esta sentencia tenía sobre las demandas judiciales pendientes así como diversos análisis económicos sobre las consecuencias que tiene este impuesto en la constitución de una hipoteca.
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Jorge Uxó (Universidad de Castilla – La Mancha) Nacho Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid). El análisis macroeconómico nos enseña que los comportamientos que parecen razonables cuando se analizan a nivel individual pueden dar lugar a resultados distintos a los esperados cuando se generalizan en el conjunto de la economía, o cuando quien los adopta es…
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Uno de los fenómenos más peculiares del actual ciclo expansivo es el hecho de que, si bien pocas voces supieron anticipar la mayor recesión desde el crac de 1929, ahora llevamos años acumulando avisos de nuevas crisis inminentes, que se prometen tanto o más graves que en 2008. Ello al menos permite hacernos una idea tanto de la solidez de la recuperación, como de la afinada capacidad predictiva de la ciencia económica.
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Resulta interesante el debate sobre el SMI que se está produciendo al hilo de los últimos acontecimientos políticos. La última de las aportaciones al debate fue la del gobernador del Banco de España apuntando un impacto negativo en el empleo en trabajadores menos cualificados y jóvenes en Sede Parlamentaria.
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Tal y como es conocido, la sociedad española se ha convertido en una de las más desiguales de toda la Unión Europea y una de las que mantiene los mayores niveles de vulnerabilidad económica de las familias, muy por encima de lo que nos correspondería por nivel de renta, tal y como alerta el Informe sobre Bienestar Económico y Material publicado por el Observatorio Social de La Caixa hace un par de semanas
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Uno de los hechos más característicos de las economías occidentales desde finales de los años ochenta es la caída continuada de la participación de los salarios sobre la renta, con el consiguiente aumento de las rentas empresariales. La economía española no ha permanecido ajena a este cambio distributivo.
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Esta nueva agenda de transformación del crecimiento debe buscar un crecimiento verde (centrado en una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), inclusivo (con políticas deliberadamente distributivas y de reforzamiento de los servicios públicos) y morado (poniendo la igualdad de género en el centro de su estrategia). Y debe incluir, entre otros elementos, un papel decisivo de la inversión pública y la política de innovación; una estrategia para la transición energética; el desarrollo efectivo del derecho a una renta garantizada.
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Uno de los “temas de calado” que más influencia puede tener en la evolución próxima de nuestra sociedad y de nuestra economía es el proceso de digitalización que ya está en marcha, y no solo por sus implicaciones tecnológicas. Por eso, la idea esencial de este texto es que, para que esas implicaciones sean favorables para la mayoría, es preciso “gobernar la digitalización”: adoptar decisiones colectivas que aseguren que sus beneficios se imponen sobre sus potenciales amenazas, y que esos beneficios se reparten socialmente de una forma justa.
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Tanto el Banco de España, como FUNCAS y FMI han revisado a la baja su previsión de crecimiento para este año (hasta el 2.6%) y publican una senda para los próximos 3 años marcada por una clara desaceleración. Existen pocas dudas sobre que el crecimiento de la economía española en los últimos años ha estado impulsado por los conocidos “vientos de cola”, entre los cuales destacamos la fuerte caída en los precios de las importaciones de petróleo crudo ocurridas desde el año 2012.
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La preocupación por la regulación del alquiler turístico se ha convertido en una cuestión global, y son ya muchas ciudades las que han tomado medidas (como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, París, Berlín, Londres, Reikiavik o Ámsterdam). Entre estas medidas destacan la política «One host, one home» de Nueva York, por la que un propietario no puede publicitar más de una propiedad; o el modelo de Reikiavik, por el que se implementa un límite económico de 8.000 dólares al año para que los particulares puedan alquilar sus casas a través de estas plataformas. Como es sabido, en España algunos Ayuntamientos —como el de Madrid o Barcelona— ya están adoptando también medidas en el mismo sentido, impulsando una nueva regulación del alquiler turístico que haga compatible dicha realidad con el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
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