Enfoques alternativos para una nueva política económica
En artículos anteriores hemos señalado la expansión del empleo atípico, o precario, durante los últimos años, especialmente los problemas de subempleo (parcialidad involuntaria), temporalidad y rotación en el puesto de trabajo. A su vez, hemos mostrado que el subempleo se concentra principalmente entre las mujeres, mientras que el sobre-empleo se focaliza en los hombres. Complementando ambos análisis nos preguntamos: ¿qué características presentan las personas subempleadas?
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Se abre un nuevo escenario para la corresponsabilidad con la equiparación de los permisos por nacimiento. El pasado 1 de abril finalmente entraba en vigor la reforma legislativa que establece el objetivo de equiparación de los permisos para padres y madres, reconociendo la necesidad de que sus permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% con una hoja de ruta de 3 años para hacerla efectiva gradualmente (RDL 6/2019). 13 años de insistencia activista desde la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción han dado resultado
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Es ampliamente conocido que España es el país europeo en el que más se ha incrementado la desigualdad de la renta más desde el comienzo de la crisis. A día de hoy somos la cuarta economía más desigual de la Eurozona. Habitualmente, achacamos de manera mecánica esa mayor inequidad al creciente enriquecimiento de los que más tienen. Las consecuencias de la concentración de la renta en manos de los más ricos sobre el propio crecimiento económico, la cohesión social e incluso la participación democrática son profundas.
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Del total de personas afiliadas al Régimen General de la Seguridad Social en febrero de 2019 (14,9 millones) solo la mitad tenía un contrato indefinido ordinario a tiempo completo, o lo que la OIT define como un contrato estándar. En el caso de jóvenes menores de 30 años, solo una de cada cuatro personas afiliadas tenía este tipo de contrato
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Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la necesidad de reorientar las políticas públicas para “poner la vida en el centro”, pero todavía no queda claro para gran parte de la población qué es lo que hay detrás de esta idea. Dicho de otra forma, no parece quedar claro en qué se concreta este concepto y el porqué es imperativo que sea el eje central de los programas económicos para las próximas elecciones.
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Tras más de cinco años de crecimiento económico la situación del mercado laboral español parece seguir mostrando graves problemas: desempleo, subempleo (parcialidad involuntaria), temporalidad y rotación en el puesto de trabajo. Por ello, cabe preguntarse si ¿la recuperación económica ha mejorado las condiciones laborales?
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Parece que la legalización del cannabis está dejando de ser un tema tabú para muchos dirigentes políticos. La última en sumarse, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda que ha anunciado un referendum en 2020 para decidir si sigue la vía abierta por José Mújica en Uruguay y Justin Trudeau en Canadá. En España, cuando se habla de la legalización del cannabis, la principal aproximación que encontramos para medir el sentir popular son las encuestas del CIS. La última de noviembre de este mismo año señalaba que el 84% de los encuestados se mostraba a favor de su legalización para uso médico.
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Recientemente hemos conocido la noticia de que el FMI ha publicado un informe titulado El futuro de los ahorros: el papel de las pensiones en un mundo que envejece. En él se vuelve a incidir en el diagnóstico de siempre: las proyecciones demográficas en un plazo de 30 años someterán a los sistemas públicos de pensiones a tensiones insoportables (en términos de costes crecientes, cobertura, importe de las pensiones, déficit, etc).
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Es un hecho conocido que las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres en hogar y familia. Tal y como recoge la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET), elaborada por el INE, mientras que en un día promedio un varón en 2010 dedicaba tan sólo 1h y 50 minutos al hogar y la familia, una mujer dedicaba más del doble (4h y 04 minutos).
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Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre quien debía hacerse cargo del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentado (AJD), si la banca o las personas que solicitan un crédito, diversos han sido los debates suscitados al respecto. Tanto desde un punto de vista judicial sobre las repercusiones que esta sentencia tenía sobre las demandas judiciales pendientes así como diversos análisis económicos sobre las consecuencias que tiene este impuesto en la constitución de una hipoteca.
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