¿Puede el fondo de reserva pagar las pensiones futuras?

Eladio Febrero. Profesor Titular en la F.CC. Sociales de Cuenca, Departamento de Análisis Económico y Finanzas en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuando se aproxima el fin de año, aumenta el número de noticias que animan a los ciudadanos a realizar aportes a fondos de pensiones. Las estrategias para lograr tal fin son una especie de mezcla de palo y zanahoria.

Entre las primeras, que son las dominantes, está el miedo a no cobrar una pensión suficientemente digna cuando llegue el momento de la jubilación. Concretamente, las noticias relacionadas con el agotamiento del fondo de reserva son una muestra de ello. Un ejemplo: hemos leído en la prensa recientemente (aquí) que el fondo de reserva español se agota, y que si bien los ingresos actuales y esperados en el corto plazo son suficientes para pagar las pensiones corrientes, no lo son para pagar las pagas extraordinarias.

En este artículo, me propongo una reflexión sobre el funcionamiento del sistema de reserva y, concretamente, sobre si este mecanismo puede garantizar el pago de pensiones futuras. Y la respuesta me temo que es negativa.

Comencemos desechando dos ideas. Primero: como no estamos en una economía eminentemente agrícola, nuestro consumo futuro no se satisfará con bienes presentes, sino con bienes producidos en el futuro. Segundo, relacionado con lo anterior, aunque ahorremos en forma de dinero hoy, la producción futura se financiará con recursos creados para tal fin en el momento en que dicha producción tenga lugar.

Dicho esto, el fondo de reserva normalmente se genera como consecuencia de que el presupuesto de la seguridad social presenta superávit. Así, cuando las cotizaciones a la seguridad social sobrepasan los pagos en pensiones, ese excedente suele utilizarse para comprar deuda pública -normalmente nacional, pero a veces también de otros países-. Cuando, en un momento futuro, los ingresos de la seguridad social no son suficientes para cubrir los pagos de pensiones, el fondo vende sus activos acumulados para obtener liquidez con la que cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. En esencia, el fondo de reserva se presenta como un ente autónomo -del resto de la administración pública- y similar a como funciona una economía doméstica: se ahorra hoy para poder consumir mañana. ¿Es esto correcto? NO. Vamos a explicar por qué.

Primero: la seguridad social es parte de la administración pública. Se mantiene un presupuesto separado por motivos de información, de igual manera que una familia puede tener varias cuentas bancarias abiertas, donde cada una se utiliza para pagar distintos gastos. Esto es relevante porque, si en un momento dado dicho organismo ingresa más de lo que gasta, pero en otras partes del presupuesto público ocurre lo contrario, lo normal es transferir recursos de una parte a otra del presupuesto global. Y si, en conjunto, hay superávit presupuestario público, y se decide comprar deuda -lo cual daría para discutir si eso es lo mejor, teniendo en cuenta el estado de la educación, los recursos asignados a la gestión de la justicia, o algunas infraestructuras- no está muy claro por qué esa deuda se mantiene viva, en manos de la seguridad social. Una alternativa sería cancelar la deuda -el Estado se debe a sí mismo-, y cuando la seguridad social necesite liquidez, volver a emitir deuda nueva.

Segundo, una vez dado el fondo de reserva, cuando se vende parte de la deuda pública acumulada, ¿a quién se vende? Si es a residentes privados, podemos deducir dos cosas: que el público dispone de recursos que son transferibles -de modo voluntario- a la seguridad social, y que el público desea adquirir un determinado tipo de activos financieros. Y, volviendo al párrafo anterior, ¿dónde está la diferencia entre vender deuda emitida ex profeso para financiar pensiones actuales y deuda emitida en el pasado? Además, en sistemas económicos limitados por el lado de la demanda, ¿no conllevaría el gasto presente en pensiones -gasto autónomo- un aumento de la producción y las rentas actuales?

Si los agentes privados no quieren comprar deuda pública, una opción es que la compre el propio Estado, y que este pague las pensiones correspondientes. Para ello, o bien aumenta la recaudación (elevando impuestos) o bien emite deuda, con lo que volvemos a la cuestión inicial.

Si el público en general no desea adquirir más deuda, su precio caerá, elevándose el rendimiento de este activo, que como sabemos bien es el referente para los tipos de interés de largo plazo. En ese caso, el problema se traslada al banco central, que gestiona la política monetaria por medio de la manipulación del tipo de interés de corto plazo, así como de las expectativas sobre cómo este va a evolucionar en el futuro próximo.

Si el tipo de interés a largo se eleva como consecuencia de un aumento de la preferencia por la liquidez de los individuos, una opción con la que cuenta el banco central es comprar deuda pública -una simple operación de mercado abierto, como en los libros de texto-. Con ello, el diferencial de tipos de interés se mantendría estable y, además, la garantía de que el banco central siempre estaría dispuesto a seguir esta política animaría a los residentes privados a adquirir deuda pública (y no, la creación de reservas para comprar deuda pública no tiene por qué ser inflacionaria en sí misma: una prueba de ello es el programa de compra de activos del BCE desde 2015).

Tres cosas para concluir.

Primero: cuando la seguridad social ingresa menos de lo que gasta, con y sin fondo de reserva, el estado -consolidando presupuestos generales y de seguridad social- tiene que sacar al mercado deuda pública (ya sea nueva, o previamente emitida y retenida en los cofres de la tesorería de la seguridad social), o bien aumentar los impuestos. Si el estado consolidado opta por emitir deuda que no se vende, siempre está el banco central, que compraría la deuda en función del tipo de interés de largo plazo que desea mantener.

Segundo: el miedo a no cobrar una pensión en el futuro trae como consecuencia una reducción del consumo presente, lo que deprime la demanda agregada y con ella la producción, el empleo y los ingresos en el presente. Y como menos producción hoy requiere menos capacidad productiva, también deprime las decisiones presentes de inversión y la capacidad productiva futura. Y sin capacidad productiva futura, en efecto, no se podrán pagar las pensiones futuras si no hay capacidad para atender la demanda de dentro de unos años.

Tercero: parece que no nos hemos dotado del marco institucional adecuado para resolver el problema de las pensiones. Concretamente, la cláusula de no-rescate por parte del BCE de las autoridades fiscales nacionales no da mucha tranquilidad en lo que se refiere a disponer de un estado potente para realizar el gasto social que demanda una sociedad avanzada que envejece.