Enfoques alternativos para una nueva política económica
Todos recordamos el informe de la crisis aprobado por el Congreso donde se concluía con firmeza que el BdE no hizo frente a sus obligaciones para actuar durante la pasada burbuja. En esta ocasión se elige la Caixa porque es la única entidad con la que cuadran los números para que la parte pública pueda ser controlada por el sector privado sin que suponga un problema
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La crisis del Covid19 ha penetrado en nuestras vidas como un torpedo, haciendo estallar por los aires buena parte de los sistemas productivos, económicos y sociales de todos los países del mundo. El PIB mundial se verá reducido, al menos, en un 3%, los países en desarrollo un 6% y casi un 95% de los países verán caer su PIB per cápita durante 2020 según el FMI. En una ya clásica -a pesar de reciente- aportación de Gourinchas (2020) se establece un diabólico trade-off, cuanto más duras sean las medidas de cuarentena para detener la pandemia más eficaz serán para ello, tendrán un mayor impacto económico a corto plazo, aunque más rápida será la recuperación.
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Las negociaciones que están tenido lugar entre los líderes europeos durante las últimas semanas dejan entrever un futuro poco halagüeño para un acuerdo que permita la reconstrucción de las economías más afectadas por la crisis del COVID-19. Hemos visto como mientras que los países del sur demandan medidas que supongan abordar la crisis de forma común, el Norte se enroca y acepta dar respiración asistida a la economía en forma de liquidez, pero sin que esto implique nuevos mecanismos que supongan avanzar hacia una mayor integración.
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El impacto económico del Coronavid todavía no se está sintiendo, pero las medidas que se están proponiendo permiten atisbar la magnitud del mismo. Alemania ha aprobado medidas para proveer liquidez subvencionada a los sectores afectados y ha presentado un plan de estímulo fiscal de más de 12.000 millones, Italia movilizará 25.000 millones y también está tomando medidas como aplazar los desahucios al igual que Francia, Reino Unido ha anunciado un paquete de 34.000 millones y la UE está planteando estímulos de 25.000 millones.
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En el último año hemos asistido a un debate sobre los posibles efectos de la regulación del salario mínimo (SMI) sobre el desempleo. Por desgracia en muchas ocasiones se ha producido de manera claramente sesgada, y a ello ha contribuido la mala divulgación de los resultados de una serie de estudios sobre los potenciales efectos perjudiciales sobre el empleo. A modo de ejemplo, el frecuentemente citado documento de trabajo del Banco de España no señalaba nada sobre el efecto agregado neto y por ello tampoco aportaba ninguna información sobre cómo variaría la tasa de desempleo al tratarse de un estudio exclusivamente de transiciones (cambios en la situaciones laborales).
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En la década que comienza, tendremos que afrontar colectivamente, como sociedad industrial transnacional, una transición de modelo productivo muy profunda si queremos mantenernos dentro del límite de 1.5-2°C de calentamiento global medio sobre niveles preindustriales que el consenso científico ha establecido como límite de seguridad para evitar los peores efectos del cambio climático.
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Los límites de déficit y deuda adquieren pleno valor constitucional en 2020 y se sitúan por delante incluso del principio del Estado social, establecido en el primero de los artículos de la Carta Magna
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Julián López Gallego (jlgallego@ucm.es) Investigador predoctoral del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie…
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Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.
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En las últimas semanas han sido muchos los artículos y declaraciones que daban por hecho una nueva y próxima recesión económica global. Han abundado esos malos augurios en una campaña electoral particularmente tóxica que facilitó la utilización de todos los argumentos a mano, más o menos razonables o fantasiosos, y demasiadas mentiras para conseguir votos.
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