Envejecimiento o desempleo. ¿Qué hace insostenible el sistema de pensiones?

Eladio Febrero (Profesor en la Universidad de Castilla – La Mancha) y Jorge Uxó (Profesor en la Universidad de Castilla – La Mancha)

Uno de los argumentos más utilizados para sensibilizarnos sobre las necesidades de reforma de nuestro sistema de pensiones es el del envejecimiento de la población. El último informe de la OCDE sobre pensiones (resumido aquí por El País) insiste también en esto, y estima que en 2050 habrá en España 76 personas jubiladas por cada 100 personas en edad de trabajar (con edades comprendidas entre 20 y 64 años). Por si el lector se pregunta si esto es mucho o poco, en 2016 esa cifra era de 30,5. El informe de la OCDE concluye a partir de esta diferencia que “el envejecimiento presiona sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones”.

Ahora bien, ¿es esto suficiente para justificar los recortes de las pensiones –los que ya se han producido, y los que vendrán-?

Aunque ciertamente la cifra invita a una reflexión profunda sobre cómo asegurar el futuro del sistema público de pensiones (es decir: garantizar su financiación a la vez que se mantienen unas pensiones suficientes) también conviene ser prudente en el manejo de estos datos y no precipitarse con las conclusiones. De hecho, un simple ejercicio numérico a partir de datos del INE ayudará a ver la cuestión con otra perspectiva.

Para empezar, como señalan frecuentemente los demógrafos que trabajan estas previsiones (Fernández Cordón, aquí, es un excelente ejemplo), si lo que nos interesa es computar una tasa de dependencia económica, lo que deberíamos medir no es esta ratio entre personas mayores y personas en edad de trabajar, sino la relación entre todas las personas dependientes y aquellas personas que participan efectivamente en la producción. En el numerador, por tanto, debemos poner no sólo a los jubilados y jubiladas, sino también a menores de 16 años, y personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas, mientras que en el denominador deberíamos colocar a todas las personas con empleo.

Esto es importante por dos razones: primero, porque en las proyecciones demográficas no solo aumenta el número de personas mayores, sino que por las mismas razones disminuye el número de menores de 16 años; segundo, porque quien debe sostener a las personas dependientes es exclusivamente la población ocupada, y España tiene aquí un gran margen de mejora, puesto que su tasa de empleo puede aumentar sustancialmente. Si esto ocurre, aumenta el denominador y también se reduce el número de personas dependientes entre 16 y 64 años (aquellas que están en situación de desempleo o inactividad), y por tanto el numerador.

Veamos, en concreto, cuál fue la situación en 2016. Con los datos del INE (la EPA) en el promedio de ese año la población ocupada fue de 18.341,6 miles de personas. Para la población entre 16 y 64 años, la tasa de paro fue del 19.6%, la tasa de actividad del 75,4% y la tasa de empleo era del 59,5%. Es decir, solo 6 de cada 10 personas potencialmente activas estaba realmente ocupada. Esto contrasta con la situación de otras economías, como por ejemplo Dinamarca, en la que el 75% de la población en edad de trabajar está ocupada (la tasa de actividad es del 80% y el paro de solo el 6,3%). Otros países de la UE-15 con tasas de empleo similares son Alemania, Holanda, Austria, Gran Bretaña y Suecia.

Puesto que la población total de 2016 fue de 46.438,4 mil personas, la población dependiente sería “toda la que no está ocupada” (28.097 mil personas). Aquí incluiríamos las personas mayores de 64 años que no están ocupadas (8.542,6 mil), pero también a menores de 16 años (7.474,4 mil), población desempleada entre 16 y 64 años (4.481,2 mil) y el resto de inactivos e inactivas. Por tanto, la tasa total de dependencia económica en 2016 fue en España de 1,53 dependientes por cada persona ocupada.

¿Cuál será la situación previsible en 2050? La clave es que esto no dependerá solo de las previsiones demográficas, sino también de lo que ocurra hasta entonces con el empleo. Por ejemplo, aceptando que la población se comporta como ahora mismo prevé el INE (y esto también está sujeto a un grado elevado de incertidumbre[1]), podemos preguntarnos cuál sería esta tasa total de dependencia si España lograra tener la misma tasa de empleo que los países que hemos mencionado antes, es decir, un 75% en vez del 60% actual.

Lo llamativo de este ejercicio es que sería… ¡la misma que en 2016!

Según el INE, la población total en 2050 será en España de 44,3 millones de personas (2,7 millones menos que ahora). Si a la distribución por edades prevista le aplicamos la tasa de empleo del 75% en la franja de 16 a 64 años (y añadimos el mismo porcentaje de ocupados mayores de 64 años que en 2016), la cifra de ocupados sería de 17.529 miles (aproximadamente 800.000 personas menos que la cifra actual) y la de dependientes se situaría en 26.739,1 miles (1,4 millones menos). Esto se debe a que el aumento de dependientes mayores de 64 años se vería más que compensado por una disminución casi idéntica de los dependientes entre 16 y 64 años (habría más personas activas, y de ellas un porcentaje menor estaría desempleada) y por la disminución en 1,8 millones del número de menores de 16 años.

El siguiente gráfico ilustra la diferencia. Entre 2016 y 2050, la tasa de dependencia total no aumentaría si el aumento de la población en edad avanzada se compensase con una reducción de las personas en edad de trabajar que se mantienen inactivas o paradas. Sin embargo, si la tasa de empleo en 2050 fuese la misma que la registrada por la economía española, en media, entre 1995 y 2016 (57,4%, casi igual que la actual) la tasa de dependencia económica sí aumentaría sustancialmente, con el mismo escenario demográfico.

Sin títuloFuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.

Podríamos admitir que lo que debería preocuparnos es el número de dependientes multiplicado por su coste, y no tanto el número de personas. En este sentido, es cierto que las pensiones de los nuevos jubilados superan con mucho las de los jubilados que fallecen, lo que tiende a elevar el numerador. Además, el envejecimiento acarrea otros gastos adicionales en sanidad, cuidados, etc. Y las menores contribuciones de los nuevos trabajadores –empleo precario y de bajos salarios- también afectan desfavorablemente a este cociente, aunque esto no tiene por qué ser necesariamente así si se cambia la orientación actual de la política económica y se promueven sectores de mayor valor añadido para favorecer el crecimiento de la productividad.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante, lo principal que se deriva de nuestro cálculo sencillo, es que el foco principal de atención de la política económica debería estar centrado en los próximos años en garantizar que la tasa de empleo se aproxima a las cifras actuales –perfectamente alcanzables, por tanto- de otros países europeos. Esto supone asegurar un crecimiento adecuado de la demanda agregada (incluida la que procede del gasto de los jubilados) para que todos los activos encuentren un empleo y la tasa de paro se reduzca, pero también elevar la tasa de actividad. Y ahí la dimensión de género de las políticas públicas es fundamental: si bien la tasa de actividad masculina es ligeramente inferior en España que en Dinamarca, la gran diferencia se encuentra en la tasa de actividad femenina, que es 10 puntos porcentuales más baja en nuestro país. La reforma del sistema de cuidados, la igualación de  los permisos de paternidad y maternidad o la provisión pública de guarderías y escuelas infantiles acaban siendo medidas más eficaces para asegurar el sistema de pensiones que seguir recortando los derechos de quienes se jubilan.

El debate sobre la viabilidad de un sistema de pensiones de reparto solo puede tener lugar una vez hemos alcanzado el pleno empleo (si es que eso puede definirse claramente). En ese momento, la distribución intergeneracional sería un juego de suma cero. Hasta entonces, es como mínimo irónico sostener por un lado que no habrá recursos para pagar pensiones y, al tiempo, tener ciudadanos parados, deseando contribuir a la creación de riqueza.

Desde luego, la experiencia histórica de los últimos 40 años no es muy tranquilizadora, y el hecho de que en el debate de la sostenibilidad de las pensiones se desarrolle dejando de lado que “el tamaño de la tarta” es variable no es muy prometedor. Sin embargo, aunque suene paradójico, el envejecimiento puede ser una buena oportunidad para acercarnos al pleno empleo y con ello, matar dos pájaros de un tiro (o tres, si además abandonamos la obsesión, que ya se ha demostrado fracasada, de intentar resolver el desempleo con nuevas reformas laborales para flexibilizar más el mercado de trabajo). No es de recibo que, con un sistema suficientemente productivo y con recursos ociosos, se nos diga que no podemos permitirnos un sistema de pensiones mínimamente digno. Lo que no es admisible es el despilfarro de recursos humanos que se está permitiendo la economía española desde hace muchos años.

[1] No olvidemos que las catastrofistas previsiones demográficas que se hicieron hace 30 años no se han cumplido en absoluto, por la evolución de la emigración. Las previsiones del INE, por cierto, coinciden con el más pesimista de los seis escenarios publicados por EUROSTAT para la población española, que se diferencian por combinar distintas hipótesis de las tasas de fecundidad y mortalidad y de los flujos migratorios. Una razón más para aproximarse con cautela a los argumentos demográficos para justificar los ímpetus recortadores.