Hacia una reactivación de las políticas económicas estructurales en España

Antonio Sánchez Andrés (Profesor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia)

Desde hace ya tiempo en diversos foros y desde distintos puntos de vista se ha argumentado acerca de los límites en el uso de las políticas coyunturales. Respecto a la política presupuestaria, los desequilibrios en las cuentas públicas avalan estas consideraciones. En aquello que atañe a la política monetaria, ésta es ajena al gobierno español debido a la traslación de sus competencias al nivel de gobierno de la Unión Europea. Este tipo de consideraciones, entre otras, ya desde hace años apuntan hacia una uso activo de las políticas estructurales.

Ciertos enfoques han identificado, por omisión o por excesivo interés en otros aspectos, las políticas estructurales con las laborales (además en el sentido de flexibilizaciones unilaterales en las regulaciones) o con las financieras (concesión de ayudas y aceptación de fusiones en el sector bancario). La alusión a otras políticas estructurales se ha ido omitiendo, pero las decisiones se han ido adoptando, de manera relativamente silenciosa y, en especial, en contra del interés general. Los resultados de la aplicación de esas políticas estructurales han manifestado unos resultados perniciosos para el conjunto de la sociedad española.

Entre los casos más llamativos se encuentran las relativas al sector eléctrico. Después de las reformas legislativas iniciadas en este sector a partir de 2011, que culminaron en parte en 2013, recientemente se ha constatado una subida creciente en el precio de esta fuente energética. España sigue liderando a la Unión Europea en el “coste” que los clientes tienen que pagar por la utilización de este recurso. En el sector del gas natural, a pesar de las regulaciones establecidas que se han reflejado en unos precios elevadísimos, en los tres últimos años el déficit de tarifa (es decir, que los usuarios supuestamente no llegan a cubrir los costes del uso del gas natural) ha aumentado, pasando de 27 millones de euros en 2015, a 90 millones en 2016 y, finalmente, a 120 millones en 2017. En el ámbito de las telecomunicaciones, después de permitirse hace relativamente poco tiempo varias fusiones de gran envergadura en el sector, y con la tradicional permisibilidad en las regulaciones, se ha acentuado, como era de esperar al reducir la competencia, el alza en los precios.

En todos estos casos se ha gobernado de manera caótica y cortoplacista en beneficio de las elites más poderosas existentes en el país. El resultado se refleja en una concentración de rentas en esas elites económicas que, con frecuencia, bombean los recursos hacia el exterior, con la consiguiente minoración en la demanda agregada interna. Por añadidura, las relaciones de estas elites con la generación de tecnologías avanzadas y con su ritmo de introducción en el país son discutibles, contribuyendo a dibujarnos un futuro muy sombrío. Estos comportamientos extractivos permitidos por las políticas estructurales aplicadas reducen el nivel de vida de la población y cargan con costes adicionales al resto de empresas españolas con el correspondiente impacto negativo en su grado de competitividad.

Por otro lado, no hace falta abundar mucho en la desorganizada política industrial y su desconexión con la inconsistente política tecnológica aplicada tradicionalmente en España. A ello se añade la indefinición sobre en qué actividades debería intervenir la empresa pública, que se suma a la pasividad acerca de la intervención que se le atribuye al sector estatal. Vinculado a este tipo de aspectos se encuentra qué ocurre con las políticas de infraestructuras. Se siguen realizando las obras faraónicas de los AVE sin realizar estudios serios acerca de su viabilidad. Este tipo de infraestructuras no sólo se han de pagar, sino que se han de mantener y gestionar. Sobre ellas se ciernen las sombras del AVE, Albacete-Toledo, inaugurado en diciembre de 2010 y clausurado medio año después porque sólo lo utilizaban 9 personas diariamente (¡resultaba más barato transportar a los pasajeros en taxi!). En condiciones similares se encuentran las autopistas radiales de Madrid. Quizá estas infraestructuras dibujan el futuro de cementerios de infraestructuras debido a una mala planificación en las correspondientes políticas estructurales.

Dadas nuestras condiciones socioeconómicas es cada vez más inexcusable la necesidad de reorganizar y sistematizar las políticas estructurales. Como el uso de este tipo las políticas supone afectar la composición productiva del país, se requiere la consideración explícita del largo plazo. Esta situación argumenta acerca de la necesidad de establecer un plan económico a largo plazo (de perspectiva): Plan Socioeconómico de Perspectiva. Es decir, requiere que entre las distintas fuerzas políticas consensuen un programa en el que se dibuje qué quieren ser los españoles dentro de, por ejemplo, 10 años. Una vez establecido este plan, se requeriría coordinar las políticas económicas, en concreto las estructurales, para alcanzar esos objetivos. Por supuesto, esto último exigiría esfuerzos en diversos ámbitos y entrañaría serias dificultades. Sin embargo, también es cierto que la consecución de un plan como el apuntado podría ser la base para una racionalización de la política económica estructural en este país y, quizá, un fundamento para fijar un nuevo contrato social, que en este país se ha perdido. Así pues, el establecimiento de un plan político a largo plazo podría constituirse en una pieza estratégica para iluminar un futuro que, a pesar del deslumbramiento que se trata de transmitir en la actualidad, se está oscureciendo cada vez más.