Vivir, conciliar, trabajar. Robotización, empleo y reducción de la jornada laboral

Jorge Uxó, Universidad de Castilla – La Mancha[i]

Uno de los “temas de calado” que más influencia puede tener en la evolución próxima de nuestra sociedad y de nuestra economía es el proceso de digitalización que ya está en marcha, y no solo por sus implicaciones tecnológicas. Por eso, la idea esencial de este texto es que, para que esas implicaciones sean favorables para la mayoría, es preciso “gobernar la digitalización”: adoptar decisiones colectivas que aseguren que sus beneficios se imponen sobre sus potenciales amenazas, y que esos beneficios se reparten socialmente de una forma justa.

Tomando prestadas las definiciones de Dani Rodrick, en el debate sobre las consecuencias del proceso de “digitalización” se suelen encontrar tres posiciones, muy polarizadas: los “tecno-optimistas” piensan que estamos en la antesala de grandes crecimientos de la productividad que permitirán un aumento de los niveles de vida sin precedentes; los “tecno-pesimistas” afirman es difícil que la digitalización acabe produciendo los aumentos de productividad que se le atribuyen; por último, los “tecno-preocupados” coinciden en que el efecto de las nuevas tecnologías sobre la productividad será de gran escala, pero piensan que, precisamente por eso y por sus características, acabarán provocando grandes pérdidas de empleo y de bienestar para una parte importante de la población.

El enfoque que mantenemos aquí no se reconoce en ninguna de estas tres posiciones, y se resume en estas dos ideas:

1. Aunque aún está por ver su dimensión exacta, sí es previsible que este tipo de innovaciones acabarán cambiando el modo de producir en muchos sectores y acelerando la productividad en los próximos años. Esto debemos verlo como una oportunidad, porque será posible aumentar la renta per cápita con las mismas horas de trabajo, o garantizar niveles similares de renta per cápita con jornadas laborales más cortas.

2. Pero también es un desafío, porque para no quedar relegada en este proceso, España debe desarrollar unas políticas industriales adecuadas, impulsadas desde lo público, y porque la digitalización plantear algunas amenazas, especialmente para determinados grupos sociales que podrían convertirse en “los perdedores de la digitalización”, igual que ha habido “perdedores de la globalización”.

Esto es precisamente por lo que es necesario que el proceso se “gobierne” adecuadamente, asegurando no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente y se traduce en cambios favorables para la mayoría.

Podemos señalar brevemente, en concreto, cuatro de estas “amenazas”.

La primera es la que se analiza con más frecuencia, y consiste en la posible aparición de un elevado “desempleo tecnológico”, como consecuencia de que los robots sustituyan trabajo humano en muchas ocupaciones. Muchos analistas, por ejemplo, están estudiando cuáles son las ocupaciones en riesgo de ser sustituidas. Alguno de estos estudios llega a estimarlo en la mitad de los empleos actuales, aunque otros posteriores han rebajado sensiblemente esta cifra. La repuesta que yo daría es “no lo sabemos, solo podemos especular”, pero que esa no es la cuestión fundamental. La robotización no tiene por qué producir una destrucción masiva de empleo en términos agregados, independientemente de que, evidentemente, haga desaparecer algunas ocupaciones, como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia del capitalismo.

Esto va a depender, muy fundamentalmente, del resto de políticas que se lleven a cabo.

Sin ir más lejos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 70, los países desarrollados vivieron años de crecimiento elevado de la productividad, pleno empleo y aumentos de los salarios reales.

Esta “compatibilidad” entre desarrollo de la productividad y crecimiento del empleo se explica por dos razones fundamentales. Primero, porque un aumento de la productividad también supone un aumento de los ingresos de los que “puede” (subrayo esta palabra) originarse una mayor demanda. Además, aparecen nuevas actividades, relacionadas con estas tecnologías (crear, programar y mantener las nuevas máquinas) o con nuevos bienes y servicios. La cuestión, claro, es que esto no es un proceso automático, sino que requiere políticas económicas adecuadas para asegurar que se crea esta demanda. De hecho, desde principio de este siglo se ha producido, por primera vez, en algunos países como EEUU, un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad y del empleo (crece la primera y no se crea empleo). Pero esto no se debe al carácter específico de las actuales innovaciones tecnológicas sino a las políticas deflacionistas aplicadas durante la crisis, así como a una pérdida de peso de los salarios que provocan escasez de demanda agregada. La segunda razón es que a la vez que crece la productividad puede reducirse la duración de la jornada laboral media, que es un tema sobre el que volveré más adelante.

Lo que sí es seguro es que habrá grupos concretos de personas cuyos empleos y ocupaciones sí van a desaparecer, y se pueden encontrar con dificultades para reintegrarse laboralmente. La segunda amenaza, por tanto, es la polarización: que estas personas queden excluidas no solo del mercado de trabajo, sino también socialmente, porque no tengan garantizado el acceso a unos ingresos suficientes. Aquí aparece otra idea política importante, que es la de desarrollar programas de renta garantizada suficientemente ambiciosos.

En tercer lugar, la digitalización está teniendo ya importantes efectos sobre las condiciones laborales, como se está poniendo de manifiesto en el caso de los trabajadores de la “economía de las plataformas”. Esta expresión se utiliza para definir, por ejemplo, la situación de personas que son “llamadas” para realizar puntualmente una tarea concreta, aportando incluso los medios necesarios para ello (la bicicleta del “rider” de reparto), y sin que se establezca legalmente una relación estrictamente laboral con la empresa “mediadora” con el cliente final. Este deterioro de las condiciones laborales se está produciendo también a través de vías como la separación y externalización de tareas que se realizan desde casa, dando lugar generalmente a un deterioro de la capacidad de los trabajadores de organizarse y a menores salarios; o como la conversión de parte de los trabajadores de la empresa en autónomos, soportando gran parte del riesgo empresarial, y sin un salario fijado por convenio. La digitalización está permitiendo una suerte de retorno a las relaciones laborales individualizadas y desprotegidas, propias del siglo XIX.

La cuarta amenaza a la que me voy a referir es en realidad el resultado de combinar las anteriores. Si estos problemas no son abordados con medidas económicas y regulaciones adecuadas, veremos cómo los efectos globalmente positivos de los aumentos de la productividad no se repartirán de forma justa, dando lugar, por un lado, a personas cuyos empleos han sido desplazados por las nuevas tecnologías sin posibilidad de seguir obteniendo ingresos del trabajo y, por otro lado, a otros grupos sociales que, aun conservando “algún” empleo, vivirán estructuralmente en condiciones precarias y con bajos ingresos.

La relevancia de la idea de “gobernar la digitalización” surge precisamente de este contexto de oportunidades, desafíos y amenazas, y del hecho de que estas últimas no son una consecuencia inevitable de la tecnología, sino el resultado de decisiones políticas. Por tanto, lo que se requieren son decisiones políticas concretas para asegurar que la digitalización sea realmente beneficiosa para la mayoría de la población.

Voy a mencionar cinco propuestas que me parecen especialmente significativas en este contexto:

1. Frente a la retórica de que los mayores procesos de innovación se han producido con un papel pasivo y secundario del Estado (limitado a favorecer las condiciones adecuadas para el funcionamiento del mercado), la realidad nos muestra que las administraciones públicas han asumido en muchas ocasiones el liderazgo de la innovación, y deben volver hacerlo para asegurar que España cambia su patrón de especialización internacional y abandona la estrategia de competir en sectores de bajos salarios. Esto implica organismos donde el sector público colabore activamente con el privado, y también mantener los niveles de inversión pública y gasto en I+D y educación.

2. Para evitar la pérdida de puestos de trabajo es necesario abandonar las políticas deflacionistas y asegurar una gestión activa de la demanda agregada y asegurar que el nivel de actividad es suficiente.

3. Para asegurar que los aumentos de la productividad se reparten de forma equitativa es necesario restituir el equilibrio en la negociación colectiva, reforzando un marco de pre-distribución más favorable a las rentas del trabajo, y volver a conectar el crecimiento de los salarios respecto a la productividad, de forma que se cierre el “gap” que viene produciéndose hace décadas entre ambas magnitudes. Esto exige igualmente adaptar la legislación laboral para terminar con la generalización de la precariedad de quienes trabajan en los sectores más afectados por los recientes desarrollos de la tecnología digital, como el empleo a través de las plataformas.

4. Pero también es preciso reforzar las políticas redistributivas, porque es probable que algunos grupos se vean finalmente afectados negativamente por los procesos de automatización, por ejemplo por su formación o porque algunas ocupaciones se vean especialmente comprometidas. Debemos asumir la responsabilidad colectiva de establecer un sistema de Renta Garantizada que convierta ésta en un derecho ciudadano.

5. Y me gustaría referirme finalmente a la necesidad de retomar el proceso de reducción de jornada, que se ha interrumpido en los últimos 30 años[ii]. Una manera de plantear este debate se resume en esta expresión: “34 horas: vivir, conciliar, trabajar”. Esta medida tiene una gran potencia política y económica por diferentes motivos:

El primero tiene que ver con el debate de la digitalización, pero no creo de hecho que sea el más relevante. En cualquier caso, si la digitalización se traduce en incrementos significativos de la productividad, la reducción de jornada permitiría evitar la aparición de elevados niveles de desempleo de una forma más compatible con la sostenibilidad del planeta, a la vez que favorecería para la mayoría el disfrute del ocio y otras actividades no relacionadas con el trabajo asalariado. Es decir, significaría traducir realmente el aumento de la productividad en vidas mejores.

Un segundo argumento está relacionado con la mirada de género. En España trabajamos (de media) 120 horas más al año que la media europea, pero tiene lugar además una doble discriminación por esta causa:

  • Se produce un fuerte contraste entre un porcentaje elevado de mujeres que tienen unas jornadas más cortas de lo que se desearían, en muchos casos obligadas a trabajar a tiempo parcial, y un porcentaje elevado de hombres con jornadas laborales muy largas[iii].
  • Las mujeres dedican más del doble de su tiempo al cuidado del hogar y la familia que los hombres. La consecuencia es una importante discriminación laboral: vidas laborales más cortas y erráticas, concentración de modalidades de contratación atípicas en las mujeres, y como consecuencia peores salarios, menores cotizaciones y menores pensiones.

Abordar este problema exige un conjunto amplio de medidas, pero la racionalización del tiempo de trabajo y la reducción de jornada también puede contribuir a la igualdad y favorecer la conciliación entre la vida y el trabajo para toda la población, sin distinción de género.

Por ejemplo, un primer paso podría ser la reducción de la jornada laboral ordinaria a 34 horas semanales, acompañada de una racionalización de los horarios que permita redistribuir el reparto del tiempo entre trabajo productivo (remunerado) y trabajo reproductivo (no remunerado).[iv]

Esta reorganización del tiempo de trabajo debe suponer también una protección del “tiempo personal”, ampliando el descanso mínimo entre jornadas a 14 horas, y el descanso mínimo entre semanas, y regulando el “derecho a la desconexión” para limitar también el tiempo de acceso a los medios digitales de las empresas.

Por último, la reducción de jornada podría utilizarse también como una forma de compensación de la pérdida de peso de los salarios en la renta que se ha producido en las últimas décadas, para lo que es necesario que la reducción de jornada se produzca sin reducción salarial. Frente a los argumentos que critican las propuestas de reducción de jornada por su efecto sobre los costes laborales unitarios, nuestro punto de vista es precisamente que es una forma adicional de compensar el aumento de la desigualdad.

Permítame el lector acabar con una broma: ¿Y si al final, gestionada democráticamente, pensando en la mayoría y en un reparto justo de sus beneficios, la robotización acaba por liberarnos de la maldición bíblica de tener que “ganar el pan con el sudor de la frente”?

[i] Intervención en la Universidad de Otoño de Podemos, 14 de octubre de 2018.

[ii] En España, la jornada laboral suponía unas 2.800 horas de trabajo al año a principios del siglo XX, y actualmente está ligeramente por debajo de las 1.700 horas. Pero si bien entre 1970 y 1990 hubo un intenso proceso de reducción del número de horas anuales de trabajo (casi un 13%), esta tendencia se detuvo entonces, y hoy la jornada anual es sólo un 3% más baja que hace 30 años. De hecho, en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15.

[iii] Un 30% de los hombres declara tener una jornada en su puesto de trabajo habitual superior a las 40 horas semanales, frente a un 40% de las mujeres declara tener menos de 35 horas. El 70% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres, en la mitad de los casos de forma involuntaria.

[iv] Por ejemplo, podríamos empezar el debate sobre la generalización de una jornada estándar de 7 horas de lunes a jueves (terminando no después de las 18h) y 6 horas los viernes. Para que haya un efectivo reparto es necesario también reducir el número de horas extraordinarias a un máximo de 5 a la semana y 60 al año.