Actualizar las pensiones es posible (y no hacerlo es insostenible)

Nacho Álvarez (Departamento de Estructura Económica e ICEI Universidad Autónoma de Madrid)

Jorge Uxó (Departamento de Análisis Económico y Finanzas Universidad de Castilla-La Mancha)

Alberto Montero (Profesor de Economía de la Universidad de Málaga. Diputado y portavoz de Economía de Unidos Podemos)

Publicado en El Mundo el 14 de marzo de 2018.

Si hay un punto en el que existe unanimidad entre todos los que analizan la situación de la Seguridad Social en España es que la aplicación del “índice de revalorización” impuesto por el Partido Popular en 2013 supondrá una importante erosión de la pensión que cobrarán las y los pensionistas. Así lo han dicho instituciones oficiales como el Banco de España o la AIReF, fundaciones privadas como FEDEA, numerosos trabajos académicos y, hace solo una semana, la Comisión Europea en su informe sobre España (página 26).

Sobre esto no hay debate porque, digámoslo claro, es lo que persigue en realidad la aplicación de este índice: su objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social por la vía rápida de recortar el gasto en pensiones. Para lograrlo, la aplicación de este índice supondrá la casi congelación de las pensiones (el famoso 0,25%) durante años, por lo que con una tasa de inflación que se acerque al 2% (el objetivo de inflación del BCE) cada uno de estos años la pensión perderá un 1,75% de capacidad adquisitiva. Una persona que se haya jubilado en 2017 y viva 20 años acabará (mal)viviendo con una pensión que valdrá casi un 30% menos.

Pero no hay ninguna razón para someter a las personas mayores a este empobrecimiento progresivo, si se adoptan las medidas adecuadas. Por ejemplo, actualizar las pensiones este año costaría 2.300 millones de euros, un 0,2% del PIB. Una cifra similar a las bonificaciones y reducciones que el gobierno ha venido aplicando a las cotizaciones sociales, supuestamente para incentivar la contratación, pero con nula eficacia; o similar también al coste del rescate de las autopistas, según el último plan presupuestario enviado a Bruselas.

Más aún, una parte importante del déficit de la Seguridad Social tiene que ver con la política de devaluación salarial aplicada por el Partido Popular durante estos años. El peso de los ingresos por cotizaciones depende del peso de los salarios en la renta, que se ha reducido en 3 puntos porcentuales desde 2008: si se recuperasen los salarios, sería posible recaudar casi 7.000 millones más de euros en cotizaciones.

Este recorte de las pensiones ni siquiera puede justificarse apelando al aumento de la población en edad de jubilarse que se producirá en España entre 2025 y 2050. Lógicamente, esto dará lugar a un aumento del peso del gasto en pensiones sobre el PIB, pero en unas cifras perfectamente asumibles.

Así se puede comprobar, de hecho, utilizando los datos que el propio Gobierno presentó el pasado mes de octubre en la Comisión del Pacto de Toledo. A partir del aumento que se prevé en el número de pensionistas, se obtiene el incremento del gasto en pensiones si éstas se revalorizan, y por tanto cuánto supondrán en relación al PIB. Pues bien, con un crecimiento económico anual del 1,9%, revalorizar las pensiones con la inflación desde 2018 hasta 2050 supondría un aumento de solo 2,5 puntos porcentuales en el gasto en pensiones, hasta llegar al 14,2% del PIB en 2050. Esta es una cifra que ya están asumiendo de hecho otros países europeos, como Francia. Teniendo en cuenta que España tiene ahora unos ingresos fiscales que están 8 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, hay sin duda margen suficiente para adoptar medidas que garanticen la financiación de las pensiones. Este es el camino, y no el de los recortes.

Conviene aclarar que la posibilidad de alcanzar esta tasa de crecimiento del PIB depende de las políticas económicas que se apliquen, pero el objetivo que planteamos -un crecimiento medio anual del 1,9% durante las próximas tres décadas- es completamente razonable. Sería el resultado de alcanzar una tasa de empleo del 75% -como ya se registra actualmente en otros países europeos- y de acercar la productividad de la economía española a la media de la zona euro -desde el 84% actual al 90% en 2050-. De hecho, este crecimiento sería inferior al crecimiento medio de la UE-15 en los 30 años anteriores a la Gran Recesión (2,3%) y al de la propia España en esos años (2,8%).

Además, los datos ofrecidos por el Gobierno permiten también constatar otro hecho: los costes de no revalorizar las pensiones. Con el actual índice de revalorización, una persona que se jubile en 2017 con la pensión contributiva media (969 euros al mes) y viva 20 años, acabará percibiendo al final de su vida una pensión que, en términos reales, equivaldría a 713 euros (un 26% menos).

Es necesario suprimir el índice de revalorización para dar cumplimiento a lo que establece la constitución: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.